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Con excepción del período
1999/2001, la historia argentina está jalonada de todo tipo de
crisis energéticas, tanto en la electricidad como en los
hidrocarburos. Durante el año 2004, han reaparecido las señales
inequívocas que indican la repetición de este fenómeno; esta vez
causado por la falta de resolución de los problemas originados
durante el fin de la convertibilidad.
Estas señales de alerta ocurrieron
a pesar de que la producción de gas batió en 2004 su propio récord y
a que se trató de un invierno muy benigno en materia de temperatura.
En nuestro país, no se realizan
-como lo hacen los demás Estados- estudios sobre las implicancias de
los cambios en el clima que se registran y, sobre todo, el impacto
potencial de los mismos sobre nuestras actividades.
Por ejemplo, nos vuelve a sorprender un año
hidrológico otra vez seco. Esto significa que las centrales
hidráulicas —que producen el 40% del total de la energía eléctrica
del país— no tendrían la suficiente cantidad de agua para generar a
pleno.
En los últimos años, poco o nada
se ha hecho para diversificar las fuentes energéticas del país. Nada
en absoluto para incentivar a la ciudadanía al empleo de renovables
y aportar a la red, como se hace actualmente en España, EE.UU.
Australia, para citar algunos ejemplos que hemos presentado con
frecuencia en Gabinete On Line.
El plan nuclear no logra salir
del olvido. Y la opción nuclear argentina queda limitada a una
eventual finalización de Atucha II.
La improvisación nos agobia y
evidencia que Argentina
carece de política energética, como de tantas otras que nos
caracterizarían como un verdadero Estado Nacional.
Y, debido a ello, en sólo cuatro
años hemos perdido el autoabastecimiento tanto de electricidad, de
gas así como de ciertos combustibles líquidos. Un objetivo que nos
costó décadas alcanzar. Solamente las reservas de gas bajaron 21% en
el mismo plazo.
De continuar en este sendero,
vamos en camino a perder también nuestra actual autosuficiencia en
materia de petróleo, en un momento en que el precio de los
energéticos sube incesantemente llegando a cotizarse el barril de
petróleo por encima de 56 dólares.
Como ya hemos señalado
anteriormente, para el año 2008, esta dependencia evidenciada en los
costos de estas importaciones combinadas podría resultar equivalente
al monto que –antes del “default” y la refinanciación
forzada- pagábamos en concepto de intereses por la deuda externa.
Antes de esa fecha -bajo ciertas condiciones climáticas- las
restricciones energéticas ejercerán un freno sobre la tasa de
crecimiento económico, repercutiendo sobre el empleo y los niveles
de pobreza.
Las explicaciones del Gobierno
argentino, dadas a su par chileno, argumentando que la situación de
pobreza impide regularizar -vía tarifas- el sector energético como
para reactivar la exploración de nuevos recursos, se contradice con
los ingentes recursos que se emplean para tapar -y no resolver- el
problema.
La solución, todos sabemos que no
es necesariamente tarifaria. Y no se comprende cómo es que no
tenemos recursos para subsidiar -en todo caso- a los sectores
castigados por la crisis económica, y sí los tenemos a la hora de
pagar onerosas importaciones.
Ya se sabe que costo de paliar la situación en
2005 será superior en 60% de lo que fue en 2004, solo para
cubrir las importaciones de gas, gasoil y fuel-oil que consumiremos
en las centrales térmicas y las industrias.
En el 2004, se trajeron de Venezuela 850.000 tn.
de fuel-oil y algo menos de 80.000 tn. de gasoil. Para este año,
será necesario importar más de 1,2 millones de toneladas de fuel-oil
y cerca de 200.000 de gasoil.
Las autoridades, en
respuesta a los síntomas de la crisis de 2004 –luego menoscabar
primero la importancia del problema y, posteriormente, de acusar al
sector privado de falta de inversión- procedieron al lanzamiento de
un “Plan Energético” que contemplaba un gran número de obras a
financiar mayormente con aportes públicos y la importación de gas,
fuel oil y electricidad.
Dentro de la emergencia, se
instrumentaron programas de ahorro para electricidad y gas. Se
suspendieron las exportaciones y se cortó el suministro de los
contratos “interrumpibles”.
Todas medidas imprescindibles para
sortear el bache, pero tomadas sin en observar y corregir los
orígenes de las distorsiones que provocan este fenómeno. Un Estado
que no gesta una política específica, sino que opera a modo de “bombero
periférico” que combate el fuego en medio de un incendio,
atacando sólo los efectos secundarios y dejando subyacentes los
orígenes que lo iniciaron y que lo reinician constantemente.
Muchas de las obras del “Plan”,
consideradas “críticas” para lograr el objetivo de evitar la
profundización de la crisis, se encuentran muy retrasadas respecto
de los cronogramas originales y no podrán realizar su aporte durante
el próximo invierno cuando el país requiera los mayores volúmenes de
energía. Por ejemplo, la ampliación de los gasoductos administrados
por TGN y TGS que han podido adjudicarse, luego de dilatadas
gestiones políticas y económicas entre quienes aportarán el
financiamiento y el Gobierno Nacional.
Otras, se encuentran en el “filo
de la navaja”, como por ejemplo, la adquisición de gas a
Bolivia, que atraviesa una encrucijada institucional de muy difícil
solución. Este punto perjudica al proyecto del Gasoducto Nordeste
(que debería aportar 20 millones de metros cúbicos de gas diarios
adicionales); y también pone en jaque al acuerdo logrado por la
Secretaría de Energía con los generadores para erigir la primera
nueva central térmica de dos unidades de 800 MW.
Los grupos empresarios comunicaron
a la secretaría de Energía que para 2007, sólo estarán en
condiciones de financiar la construcción de hasta 1.080 MW, es
decir, un 33% menos que los 1.600 MW que pretende el Gobierno. Un
informe de Cammesa –la administradora del mercado eléctrico
mayorista– proyectó que, para 2007, los requerimientos de energía
del país demandarán esos 1.600 MW de potencia adicional, que supone
construir dos centrales de ciclo combinado, de 800 MW cada una.
Ha trascendido que los grupos
empresarios llevaron una contraoferta: que los u$s 400 millones que
reúna el fondo hasta 2007 se empleen para instalar cuatro turbinas a
gas –cada una, de 270 MW– en dos ciclos abiertos, lo que supondría
agregar 1.080 MW de nueva generación. Luego, se podrían completar
esos ciclos abiertos incorporándoles una turbina de vapor, para
hacerlos ciclos combinados, y agregar otros 540 MW. Si no se logra,
esa segunda central usaría gas del Sur".
Pero, el Fondo creado no tendrá
más recursos para financiar la compra de esas dos turbinas de vapor.
También se ha complicado la
adquisición de energía eléctrica a Brasil, que ya estaba sufriendo
demoras por discusiones acerca del precio y de los cargos por
transporte pero que, ante la falta de lluvias, parece que se
convertirá en un objetivo imposible por este año. Existe la
posibilidad que nuestro vecino –además- requiera importar los 400 MW
a lo que Argentina se comprometió.
La elevación de la cota de
Yacyretá, que es la única obra que podría dar una respuesta rápida,
ha corrido varias veces su cronograma porque no se ha logrado
destrabar las negociaciones pendientes. La finalización de Atucha II
ha sido reprogramada para el 2009.
En una "Evaluación
de la Situación Energética 2005 / 2008 que ha realizado la Fundación
“Consejo para el Proyecto Argentino” el escenario de 2005 se
presenta muy complicado ya que –en una hipótesis de año benigno-
habrá que recurrir de todas maneras al ahorro forzoso y a la
importación de combustibles en mayor cantidad que en 2004.
También habrá que utilizar en
forma intensiva máquinas muy viejas, durante muchos meses, con el
riesgo de caer en paradas no programadas por razones de
mantenimiento.
En caso de darse un año
hidrológicamente pobre, el déficit se hará sentir con mayor crudeza.
Podrían faltar 16 millones de
metros cúbicos de gas diarios en los momentos de mayor consumo y
existe la posibilidad de que el abastecimiento de GNC resulte
afectado.
El año próximo, bastaría un
escenario climatológico promedio para gestar una crisis, mientras
que en 2007 y 2008 habría una crisis de potencia aún en los años más
benignos.
Las esperanzas oficiales –mirando
únicamente el cronograma electoral- están centradas en un pedido
excesivo a la diosa de la fortuna: que San Pedro sea generoso y nos
envíe calor en invierno, que llueva suficientemente en la Cordillera
de los Andes y también en Brasil y, sobre todo, que el Presidente
Mesa sobreviva a la crisis terminal de las instituciones bolivianas.
Sin embargo, aún estamos a tiempo
para revertir este destino y dejar de caminar por el filo de la
navaja, como apostadores empedernidos que esperan “un golpe de
suerte”.
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