Publicación mensual de la Fundación "Consejo para el Proyecto Argentino"              Año XXIII

 31 de Marzo de 2006   

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EDITORIAL

EL DÍA DESPUÉS

Por Carlos José Aga

Director

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Los argentinos tenemos una larga experiencia malgastando "joyas de la corona". En los '90  dilapidando el resultado de la venta de las empresas del Estado. En el nuevo siglo, consumiendo la capacidad instalada previamente.

En materia de energía, los datos de la realidad muestran que en estamos estancados. Desde la perspectiva de las realizaciones no hemos logrado "el pase" al siglo XXI. Un análisis de nuestra infraestructura nos muestra una fotografía con un panorama similar al que teníamos en el año 2000, pero con un deterioro gradual, producto de un nivel de inversión insuficiente para la conservación de la capacidad.

Cuadro de la Situación

Según datos oficiales, la demanda energética argentina crece a un ritmo sostenido, acompañando los índices de recuperación de la economía nacional.

Entre el 2000, cuando se puso en marcha la última usina, y el presente el consumo eléctrico creció más de 25%.

En 2005 lo hizo a razón de 5.8%. La demanda de gas natural aumentó 4.1% en año. El consumo de combustibles líquidos creció casi un 7%.

Nos hemos visto obligados a cortar las exportaciones de electricidad (-13%), de gas (-11%) y de combustibles líquidos (-15%).

Pero la cancelación de las ventas al exterior no evitó que quebráramos el autoabastecimiento que ostentábamos. Ya estamos importando energía eléctrica por 2.000 GWh, gas por 1.750 millones de metros cúbicos y tenemos vigente un convenio para importar 1.000.000 de barriles de fuel oil.

Cada año que pasa estas importaciones se amplían considerablemente y sumadas a las pérdidas por la cancelación de nuestras ventas ya representan una sangría de recursos que afronta la sociedad en su conjunto. Y los precios de todos estos insumos muestran una tendencia subir.

A pesar de todas estas limitaciones, en 2005 faltó gas para industrias y centrales eléctricas, inclusive en determinadas zonas para su uso en automóviles (GNC). La provisión de gasoil también resultó insuficiente y la población debió soportar un programa de "uso racional", tanto para el gas como para la electricidad.

Las reservas y producción de petróleo vienen descendiendo y, a nivel de consumo actual, alcanzarían hasta el año 2015. Las de gas, hasta el 2016. Cada año, las reducimos a razón de 52.500 millones de metros cúbicos.

Con ampliaciones a los gasoductos, en los próximos dos o tres años puede ser posible transportar y consumir más gas tal como lo hemos estado haciendo desde 2001. Pero la capacidad de transporte no alcanzará los 140 millones de metros cúbicos de gas que por entonces se requerirán y consumiremos más rápidamente las reservas.

El programa lanzado hace dos años a raíz de la emergencia energética ha logrado cumplirse sólo parcialmente.

Se han constituido las empresas para construir dos ciclos combinados de 800 MW cada uno. Pero el cronograma originalmente programado para comenzar a operar en “ciclo abierto” en julio de 2007, alcanzando plena potencia (800 MW) en 2008, sufre demoras, porque que no se han comenzado las obras para la construcción de las plantas. En combustible, garantizado por el Estado en los documentos, no tiene una procedencia definida ya que no se ha logrado un acuerdo permanente con Bolivia.

No se ha concretado el comienzo de obras para la ampliación de potencia de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá; la estrategia elegida para reiniciar la finalización de la Central Nuclear Atucha II ha entrado en un cono de sombra.

El programa de transporte en Alta Tensión ejecutado, especialmente la interconexión de la Patagonia a través de de la línea Choele Choel–Puerto Madryn, en lugar de aportar potencia al sistema, tiende a agregar demanda.

Desde la creación de ENARSA, en octubre de 2004, no se alcanzó el inicio concreto de ningún proyecto, concentrando su acción en la firma de convenios con otras empresas que cumplan el rol inversor.

Por qué faltaron inversiones

Es correcto señalar, como lo ha dicho el Presidente Kirchner, que se ha llegado a este cuadro por insuficiencia de inversiones. Pero es necesario resaltar que la falencia fue tanto privada como pública. También que los problemas no se resuelven repartiendo culpas.

Para ello confluyeron variadas causales, algunas asentadas en el proceso económico argentino como, por ejemplo, el largo período recesivo, que se quebró recién en 2002, que permitía funcionar a base de la potencia instalada con anterioridad.

Otras se índole política. El Estado dejó de planificar e incumplió sus proyectos; quedaron inconclusas obras de considerable magnitud como las que ahora se pretende reiniciar y otras directamente se cancelaron; se desmanteló gran parte de la capacidad preexistente en la materia.

En algunas áreas, como transporte de electricidad y gas, las normas implantadas no resultaron favorables a la expansión.

Influyó igualmente el período de bajo precio del barril del petróleo que, hasta 1999, estuvo por debajo de los U$D 20 por barril actuando como un fuerte limitante de la actividad exploratoria en nuestro medio, incentivando la extracción en base a los yacimientos conocidos.

Finalmente, como consecuencia de la implosión de 2001, la volatilidad de las reglas de juego y la discrecionalidad política, arrasaron toda posibilidad de lograr inversiones privadas y han acumulado una serie de distorsiones que, bajo ciertas circunstancias internacionales, podrían precipitar catastróficamente.

¿Cuánto hay que invertir en energía?

Todo depende del país que queramos construir y de la grandeza con que nos empeñemos en la tarea.

Si la idea es superar nuestros males sociales creciendo a una tasa del 5% anual, la inversión energética -en todas las áreas- debería ser de 50.000 millones de dólares en los próximos 14 años.

Si aspirásemos a mantener una modesta tasa de crecimiento económico (3% anual), Argentina debería invertir -sin grandes alteraciones a su actual matriz energética- unos 35.000 millones de dólares hasta el 2020.

Pero, si además de disponer de energía, consideráramos conveniente modernizarnos tecnológicamente para garantizar la competitividad del país en el futuro, deberíamos incorporar dosis significativas de las nuevas fuentes. En tal caso, harían falta inversiones energéticas 30% superiores a las mencionadas.

Pero si nos conformáramos con mantener el mediocre desempeño promedio de los últimos 23 años, es decir un crecimiento a una tasa del 1,2 por ciento anual, sólo se necesitarían inversiones por 18.000 millones de dólares en el mismo período.

Cualquiera sea el destino que elijamos, encierra un enorme desafío. Es evidente que los recursos públicos son insuficientes para financiar toda la infraestructura del país- También es claro que el procedimiento de trasladar la carga inversora a los usuarios -como se ha comenzado a hacer- tiene enormes limitaciones. Resulta claro que la inversión privada sólo aparecerá cuando existan perspectivas de rentabilidad y confianza en un régimen jurídico estable.

Porque hay que lograr una ecuación política y económica que modifique las condiciones para la inversión tanto privada como pública.

Debemos saber que, aunque empecemos actuar hoy y la fortuna nos otorgara éxito, las nuevas plantas y yacimientos tardarán al menos 3 o 4 años en empezar a producir, lo que nos obligará a mediano plazo a convivir con la escasez de energía, pagando un precio mucho mayor por las importaciones que deberán afrontarse.


            Fundación "Consejo para el Proyecto Argentino