Se trata de proyecto de almacenamiento de residuos radioactivos en capas geológicas profundas conocido con el nombre de Yucca Mountain que era considerado estratégico por la industria nuclear estadounidense porque allí se iban a depositar los combustibles nucleares usados y otros residuos de alta radiactividad.

Para muchos esta “solución” era la base que permitía asegurar un renacimiento completo del sector nuclear dado que, entre otras cosas, definía qué hacer con partes de las usinas nucleares que serán decomisionadas en el futuro para ser reemplazadas por unidades más modernas y eficientes.

Ahora, el Presidente Barack Obama decretó primero su paralización en marzo de este año y luego, más recientemente ordenó que se retiraran los pedidos de autorización y que se comenzaran inversiones para desmantelar completamente las instalaciones aunque deba compensar a las empresas propietarias de las usinas nucleares en alrededor de 500 millones de dólares anuales porque el Estado no cumplirá con el acuerdo –firmado en 1998- para proveerles el basurero donde depositar sus residuos.

El presupuesto original del proyecto alcanzaba una estimación de 60.000 millones de dólares que todos los especialistas consideraban exiguo para las obras.

Se cumplió así el vaticinio del Senador por Nevada Harry Reid, cuando dijo hace cuatro años que "Yucca Mountain está muerto. Nunca sucederá".

No obstante, el Estado de New York ha iniciado un juicio contra la decisión del Gobierno Federal. El abogado general, Rob McKenna patrocina el reclamo argumentando que el Departmento de Energía no tiene la autoridad necesaria para dar por finalizado unilateralmente el proyecto sin contar con razones ni alternativas válidas. Alega, además que la decision de Obama es violatoria de la ley de residuos nucleares de 1982.

El caso, ha obtenido un triunfo ya que un tribunal denegó a la administración de Obama y específicamente al DOE la solicitud de retirar los permisos para la construcción de basurero nuclear porque en los términos del Acta de 1982, la regulación corresponde a NCR. Es decir, que el ejecutivo no tiene capacidad para determinar el retiro de los permisos en forma unilateral y el pedido debería iniciarse por un acta del Congreso.

Para los enemigos del Proyecto cancelado Yucca Mountain, aunque representa la mejor esperanza de contar con un repositorio para la basura nuclear que se generará, dista mucho de ser una ubicación adecuada ya que la zona es geológicamente activa, con numerosas fallas en la corteza y con evidencia de actividad volcánica. La porosidad de la estructura, además implica un riesgo de posible contaminación de las aguas subterráneas en el caso de acontecer una pérdida.

El 1982 el Congreso de los Estados Unidos promulgó una política nacional para resolver el problema de un almacenamiento de residuos nucleares. Esta política culminó en una ley federal denominada Acta de Política de Residuos Nucleares.

Esta ley hacía responsable al Departamento de Energía estadounidense (el DOE) de encontrar un emplazamiento, construir y mantener la operación de un almacenamiento bajo tierra llamado almacenamiento geológico. La recomendación de utilizar un yacimiento profundo se basa en una antigua recomendación de la Academia Nacional de Ciencias en favor de depositar residuos radiactivos en un lugar profundo en la roca.

En 1978 se comenzó a estudiar Yucca Mountain para determinar si el lugar era adecuado para situar el primer almacenamiento geológico para más de 72.000 toneladas de combustible nuclear gastado y otros residuos de alta actividad que aún hoy permanecen dispersados en 126 emplazamientos por todo Estados Unidos.

En 1987 el Congreso aprobó los estudios del DOE sobre Yucca Mountain, que está situado cerca de un antiguo lugar de ensayos nucleares. Además el Congreso obligaba a detener el proyecto si en cualquier momento de los estudios se hallaba inadecuado el lugar.

El 23 de julio de 2002, George W. Bush firmó la Resolución 87 para avanzar el la concreción de una instalación de almacenamiento para los residuos nucleares.

En 2005, el Departamento de Energía (DOE) preveía que la futura instalación de Nevada abriese sus puertas en 2012.

El año 2006 el DOE postergó su cronograma hasta el 31 de marzo del 2017. Al año siguiente, el DOE anunció que rediseñaba la instalación para duplicar la capacidad prevista.

Sin embargo, para ese entonces ya habían emergido los primeros problemas políticos serios para la continuidad del proyecto. Con la llegada del senador por Nevada Harry Reid, llegaron los opositores a la construcción de repositorio hasta ubicarse en comisiones desde las que podrían condicionar al proyecto. El año 2008 el presupuesto destinado a Yucca Mountain se redujo a 390 millones de dólares.

Los principales responsables políticos de Nevada, tanto republicanos como demócratas, se oponen a la creación de este cementerio nuclear. Temen que espante a los turistas de Las Vegas, uno de los primeros destinos turísticos de EE.UU., y que ello aminore el desarrollo de la ciudad del juego por excelencia, que es la primera de todas las ciudades de Estados Unidos en lo que respecta a crecimiento urbano. Numerosos grupos locales se oponen al proyecto, como los indios Shoshone.
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