España ha presentado estos días su Plan nacional de energías renovables (PANER) a la Comisión Europea, en respuesta al requerimiento derivado de la Directiva 2009/26/CE relativa al fomento de energía procedente de fuentes renovables.

En ese documento, nuestro país se ha fijado el objetivo de que el 22,7% de la energía total consumida en 2020 sea de origen renovable, más del doble que en la actualidad. A modo de 'preámbulo', la Red Eléctrica ha puesto un dato encima de la mesa: en el primer semestre de 2010, el 40% de la electricidad generada ha sido de origen renovable. Solamente la eólica ha aportado el 18%.

España, por primera vez desde la Revolución Industrial, está en la vanguardia de una transformación del modelo energético internacional, que tiene por cierto como uno de sus principales valedores a la propia Agencia Internacional de la Energía. Nuestro país es el cuarto del mundo en potencia eólica instalada, solamente por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Lo que es igualmente importante, ha generado un avanzado tejido industrial y tecnológico. Iberdrola Renovables es el primer operador mundial de centrales eólicas. Acciona Energía ocupa el tercer puesto. Gamesa es el sexto productor mundial de aerogeneradores. Abengoa, por su parte, lidera la energía termosolar -ha recibido un préstamo garantizado del Gobierno norteamericano de 1.154 millones de euros para construir una planta en Arizona-. La ingeniería Sener proyecta instalaciones termosolares futuristas de su propia patente en el Emirato de Dubai. El Centro de Gestión de la Red Eléctrica es el más avanzado del mundo a la hora de gestionar la integración en la red de la energía procedente del viento y del sol.

Las renovables han alcanzado en España una posición estructural en el mix de generación eléctrica y han creado tejido industrial y tecnológico de primer nivel, con una proyección exportadora de alcance mundial. Esto ha sido posible gracias a un marco regulatorio bien diseñado, que ha sabido primar a las diferentes tecnologías en su recorrido por la curva de aprendizaje. El modelo conocido como 'feed-in tariffs' implica una entrada preferente en la red de las renovables, por delante de las centrales de ciclo combinado y carbón. Además, dadas las externalidades positivas que presentan, aquéllas se benefician de unas primas destinadas a favorecer su progresión en la mencionada curva. El desarrollo de las energías renovables en España a lo largo de la última década es una historia de éxito como país y un referente concreto a la hora de visualizar en qué consiste el cambio de modelo económico por el que aboga el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En un contexto de fuerte crisis económica como el actual, con la correspondiente contracción en el consumo eléctrico, el avance de las renovables no podía sino levantar recelos por parte de los operadores de otras tecnologías. Asistimos estos días a una dura batalla dialéctica de posicionamiento y defensa de intereses creados que, hasta cierto punto, se podría considerar la segunda parte de la que hace unos años protagonizaron Endesa e Iberdrola en torno a cómo habría de posicionarse el Gobierno de España ante las consecuencias derivadas del Protocolo de Kioto. Un observador atento pudo ver entonces cómo, en años posteriores, mientras unos cabalgaron las olas en ligeras tablas de surf empujados por el viento de la historia, otros se quedaron 'comiendo carbón' castigados por su miopía y empecinamiento. El acierto estratégico de la 'utility' vasca fue comprender hacia dónde iba el viento del cambio y colocarse en la dirección adecuada. Hoy es líder mundial en una tecnología que ha copado el 39% de las inversiones energéticas llevadas a cabo en la Unión Europea en 2009, donde la capacidad eólica instalada al finalizar 2010 será ya de 85.000 Mw.

El marco regulatorio que ha permitido el despegue de las renovables en España dio sus primeros pasos con los gobiernos del Partido Popular pero fue el Ejecutivo socialista el que hizo de ellas una apuesta de largo recorrido. Es de prever que la Ley de economía sostenible actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados y la futura Ley de eficiencia energética y energías renovables anunciada desde el Ministerio de Industria apuntalarán normativamente esa apuesta.

El que se haya generado puntualmente un exceso de oferta en el sector de la energía solar fotovoltaica no puede oscurecer la perspectiva de conjunto y la visión estratégica. Las renovables son el camino para reducir la dependencia energética española, una debilidad estructural de nuestra economía ante un horizonte de fuerte encarecimiento de los precios del petróleo; son fundamentales para contribuir al esfuerzo europeo de liderar la respuesta internacional contra el cambio climático; son, asimismo, un vector decisivo en la modernización de la economía española y su posicionamiento competitivo en los mercados internacionales. Por ello, las primas que han permitido esta década el avance de las renovables han sido el dinero mejor invertido.

A pesar del avance protagonizado por la eólica y la solar en el mix de generación eléctrica, el balance energético es todavía abrumadoramente favorable a las de origen fósil -80% de la energía primaria-, debido al dominio del petróleo en el transporte. Por eso, es necesario dar pasos en la próxima década hacia la electrificación del parque móvil. Los documentos de estrategia y planificación del Gobierno hablan de alcanzar un 10% del parque móvil, unos 2,5 millones de vehículos, en 2020. La electrificación permitirá aprovechar de manera eficiente los excesos de energía eólica generados en horario nocturno y, sobre todo, crear las bases para una descarbonización progresiva del sector del transporte, auténtico nudo gordiano para progresar en las dos próximas décadas hacia una economía baja en carbono.
 

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