El 13 de diciembre de 1907 se produjo el descubrimiento "oficial" del petróleo en Argentina, aunque desde hacía mucho se registraban diversos intentos de explotar este recurso.

Lo que en realidad se descubrió ese día fue la manifestación de interés por parte del Estado acerca del "oro negro". Sin embargo, a lo largo de los casi 100 años en la que la participación del sector público resultó decisiva -por no decir dominante- hubo diferentes fórmulas de cooperación con el sector privado en base a objetivos comunes como el autoabastecimiento del país.

Es cierto que hubo disputas y procesos conflictivos en ese largo camino. Pero con el tiempo tanto el Estado como el sector privado lograron encontrar un punto de equilibrio para alcanzar ese objetivo y detener la sangría de las importaciones de combustibles. Como ejemplo de ello, podría citarse el contrato que en 1952 suscribió el Presidente Juan Perón con la Standard Oil para desarrollar exploración en Santa Cruz que no logró entrar en vigencia por la oposición del Congreso.

También debe mencionarse como hito fundamental la gesta del Presidente Arturo Frondizi y su colaborador Arturo Sábato que nos permitió lograr en 1962 el ansiado objetivo del autoabastecimiento.

Con las privatizaciones y desregulación realizadas durante los '90, el Estado cedió en favor del sector privado toda la operación, reservándose el rol del control y asegurando cierta participación económica en favor de las provincias productoras.

El proceso privatizador permitió avances en cuanto a reservas y producción pero tuvo ciertamente graves falencias e imperfecciones de origen -que nosotros hemos señalado en nuestras publicaciones anteriores- pero se hizo con la aprobación del Congreso Nacional, de acuerdo a la Constitución y las Leyes y el aval explícito de los Estados Provinciales a través de todos sus gobernantes.

Posteriormente, se decretó la "provincialización" de los hidrocarburos, una enajenación a la Nación que constituye una gran injusticia para con las provincias que, sin ser petroleras, contribuyeron con ingentes recursos económicos, para desarrollar esta industria. La creación de una nueva empresa estatal, ENARSA determinó también una enajenación al conjunto del país ya que se le asignó la potestad sobre las áreas marítimas.

Sin embargo, estos cambios no han arrojado resultados positivos. Sin una política energética definida acorde con la realidad, parecemos encaminados más que a la creación de una ecuación superadora, a romper todos los esquemas de colaboración entre los sectores que deberían ser responsables por asegurar los recursos energéticos para el futuro. Y las consecuencias, imperceptiblemente nos han comenzado a golpear.

Según los especialistas, la producción petrolera argentina disminuyó un 5,77% durante el 2004,  mostrando un horizonte de pérdida definitiva de nuestro autoabastecimiento, obligando a nuestro país a importar combustibles desde el 2007.

También se comprueba una constante caída en las reservas argentinas de crudo desde 1999, cuando alcanzaron su pico de 488,28 millones de metros cúbicos, bajando hasta los 425 millones de nuestros días. Se asegura que el horizonte de reservas de petróleo en el 2010 será de sólo 6 años.

En 2001 teníamos gas para 25 años. Hoy, las reservas comprobadas alcanzan para 13 años aproximadamente según el nivel consumo actual. Cada año, las reducimos a razón de 52.500 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, el transporte de gas funciona al máximo de su capacidad con 127 millones de metros cúbicos. Las ampliaciones a la red troncal de gasoductos que se están ejecutando resultan imperiosas para cubrir el incremento de la demanda, que el año pasado subió 3,39% respecto del anterior, y continúa su rumbo ascendente en sintonía con la recuperación económica.

Dentro de un sistema que opera al límite de sus capacidades, las autoridades energéticas se ven obligadas a realizar todo tipo de maniobras para garantizar el abastecimiento como acumular agua en los embalses, compra de energía a Brasil y la “quema” de combustibles líquidos importados que son diez veces más costosos. Pese a esos esfuerzos, además de la presión alcista sobre los precios, mucho depende del factor “suerte” en relación a variables climáticas y otros imponderables.

Con ampliaciones adicionales, en los próximos dos o tres años puede ser posible transportar y consumir más gas tal como lo hemos estado haciendo desde 2001. Pero sin una contrapartida en descubrimientos de nuevas reservas y/o grandes modificaciones de nuestra matriz energética que no están siquiera programadas, nos enfrentaremos en el futuro a varios y complicados dilemas de carácter político, económico y social.

El Gobierno, en su situación actual, no debería comprometer los escasos recursos públicos de que dispone en operaciones de riesgo, ni tampoco pensar que las importaciones pueden "salvar la ropa" de la mala política. El sector privado no debería pretender condiciones excepcionales, sin control, diferentes de las que rigen internacionalmente el negocio energético.

El gran desafío energético argentino consiste en restaurar el mecanismo creador de riqueza, fundado en la colaboración entre el sector público y privado para lograr el objetivo común de la seguridad energética del país y luego, aprovechar estos recursos para proyectar la expansión económica argentina.