La disputa sobre límites marítimos que Chile mantiene con Perú y la decisión de Bolivia de "terciar" en la discusión, amenaza con escalar en su intensidad imponiendo nuevos y graves obstáculos a la integración regional.


Los gobiernos de Chile y Perú enfrentan un conflicto diplomático tras la promulgación de una ley peruana que modifica la actual frontera marítima entre los dos países, que las autoridades chilenas rechazan, argumentando que los límites ya fueron fijados en acuerdos suscritos en 1952 y 1954.

La nueva ley fue promulgada en Perú por el Presidente Alejandro Toledo, pero Chile no le otorga validez jurídica.

Esta nueva complicación tiene potencial suficiente como para frenar el proyecto de crear un "anillo energético", además de afectar sus relaciones comerciales entre los países involucrados.

El ministro de economía Jorge Rodríguez asegura que el conflicto territorial marítimo "está teniendo implicancias en términos que hay dos trabajos suspendidos. Uno de ellos es la profundización del acuerdo de complementación económica (ACE)", al referirse a las conversaciones entre Chile y Perú previas a un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Chile decidió suspender las tratativas debido a "las complicaciones que ha tenido la relación bilateral", según el director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena, Carlos Furche.

El ACE le ha permitido a Chile concretar inversiones en Perú por casi 4.000 millones de dólares, aunque la inversión peruana en territorio chileno alcanza sólo a 50 millones de dólares.

El segundo punto es "la postergación de las reuniones previstas en relación al proyecto de integración en base al gas", indicó el ministro en alusión a un encuentro que debía realizarse para continuar el estudio del  proyecto conocido como "anillo energético".

La irrupción en escena del diferendo por la frontera marítima llevó a Perú -poseedor de las reservas- a marginarse de la reunión que se celebraría en Buenos Aires para discutir sobre el tema con Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Se esperaba que en esa oportunidad se establecieran las bases de un marco jurídico para el acuerdo, y lo dejaríaen condiciones de ser suscripto por los presidentes durante la próxima cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), a principios de diciembre en Montevideo.

Perú, con sus enormes yacimientos de gas natural en Camisea -por los cuales se pretende estructurar la red de gasoductos regionales-, es pieza fundamental en las aspiraciones para integrar en materia energética a todos los países de la región.

El Gobierno del Presidente Lagos confiaba en la concreción del "anillo energético" para dejar de depender de Argentina, y aprovisionarse de gas para abastecer casi el 47% de generación de la energía eléctrica que consume.

Ahora, una comisión del Senado boliviano urgió al gobierno de La Paz a gestionar la inclusión de Bolivia en el diferendo marítimo de sus vecinos Perú y Chile, considerando "que es un tema trilateral y no bilateral".

La comisión de Relaciones Exteriores demandó a la administración del presidente boliviano provisorio, Eduardo Rodríguez, una posición pro-activa, un día después de que la cancillería boliviana aplazara la sesión de un Consejo Consultivo, que reúne a ex ministros de Relaciones Exteriores y expertos, para analizar el conflicto de aguas y sus implicaciones en la reivindicación de su acceso soberano al mar.

"Este es un tema extremadamente grave como para que el país lo mire de afuera. No podemos estar en la línea de decir que éste es un tema entre Perú y Chile, porque es trilateral y no bilateral", demandó el senador Guillermo Justiniano, titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta del bicameral Congreso boliviano.

El congresista exigió aprovechar el "derecho expectaticio" que le asiste a Bolivia en un conflicto que se desarrolla en un área marítima por donde aspira a obtener de Chile, con la anuencia de Perú, una salida soberana al Océano Pacífico.

Bolivia reclama desde finales del siglo XIX, en el que perdió todo su litoral a manos de Chile, una salida propia al Pacífico por un corredor soberano de 10 o 20 km de ancho y con continuidad territorial sobre un área que en este momento marca la frontera costera peruano-chilena y en donde se centra el litigio entre Lima y Santiago.

El senador advirtió que una actitud "pasiva" de La Paz y un acuerdo o persistencia de la controversia entre Lima y Santiago, sobre un área de 35.000 km2 de aguas de riqueza pesquera en el límite marítimo de Perú y Chile, podría afectar indefinidamente las aspiraciones de Bolivia de obtener una salida propia al Pacífico.