A lo largo de 2004, desde estas páginas hemos planteado la necesidad de adoptar decisiones para definir el rumbo de la política a seguir en materia de energía. Hemos repetido incesantemente que era imperioso abandonar la improvisación y las contradicciones que paralizaban el avance.

En el último número, señalamos que muchos de los logros anunciados en oportunidad de la crisis energética emergente, no habían alcanzado una concreción y que el transcurso del tiempo nos colocó ante la necesidad de atravesar complicaciones de consideración durante los próximos años, luego de perder nuestro autoabastecimiento energético.

Lamentablemente sabemos que continuaremos en la utilización de gas, fuel oil y electricidad importada. Afrontaremos inevitablemente el costo que representa esta situación, que no presenta márgenes para su reversión inmediata, porque la implementación de soluciones lleva su tiempo de maduración.

Aún dentro de un esquema ideal de cumplimiento de las obras y proyectos, atravesaremos por serias restricciones en el abastecimiento de gas y electricidad en 2005, 2006 y 2007.

Sin embargo la realidad -que "es la única verdad"- ha promovido la aparición de las primeras señales en el horizonte que indican el principio de decisiones políticas capaces de marcar un derrotero a seguir.

En la visita que realizaron a Europa la primera dama y senadora, Cristina Kirchner y el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se habló acerca de la situación de las empresas de servicios públicos asegurando ante los miembros del Gobierno español que la línea a seguir "no es el estatismo" y que el rol de inversor y operador de los servicios públicos seguirá siendo el sector privado. Se espera lo mismo en la próxima visita del Presidente Kirchner a Francia.

El realismo mostró la incompatibilidad de resolver el dilema de la deuda, que comprometerá el superávit fiscal, con la necesidad de invertir en los servicios públicos. Según ha publicado la prensa argentina los visitantes dijeron a los funcionarios españoles que desean que las empresas continúen en manos privadas "y mejor aún en las manos actuales". Como primer gesto de cumplimiento, quedó sepultado el proyecto de marco regulatorio que tanta polémica generó.

Se ha establecido un compás de espera para que Argentina de cumplimiento a lo dicho y comience a normalizar su relación con el empresariado, restablezca la seguridad jurídica, y resuelva el problema de la deuda en default.

En ese contexto, se comenzó a ejecutar el "cronograma de recomposición" de los precios del mercado eléctrico que acordaron el Gobierno y las generadoras, para arribar a fines del 2006 con los valores en dólares que tenía la electricidad antes de la devaluación.

El objetivo declarado es alcanzar el funcionamiento sustentable del Mercado Eléctrico Mayorista en el mediano plazo, a través de la recomposición de la cadena de valor de los productos y servicios prestados en el MEM aunque modulando el impacto que los incrementos necesarios tendrían sobre determinados segmentos de la demanda.
 
Con el plan de "readaptación" del mercado eléctrico se pretende volver a la normalidad del sistema, que hasta ahora está sometido al fuerte impacto de la implosión del 2001.

El Ministro de Planificación, Julio De Vido,  asegura que la relación del Estado con las empresas de servicios públicos inició un finalmente proceso de normalización.

En noviembre, se firmó una carta de entendimiento con EDELAP SA. Se ha comenzado a trabajar en materia de transporte de electricidad ampliando la capacidad y extendiendo las líneas. Se han resuelto los problemas pendientes para la expansión del transporte de gas natural.

El aumento de tarifas aprobado impide que el Estado siga endeudándose con los generadores.

Como hecho auspicioso cabe señalar que cuatro empresas del sector de generación eléctrica aceptaron el canje de deuda por acciones en dos futuras centrales propuesto por la Secretaría de Energía de la Nación a través del “FONDO PARA INVERSIONES NECESARIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA OFERTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)” (FONINVEMEM).

Se trata de la empresa francesa Total, la norteamericana AES y la española Endesa, al cabo de la operación con la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico SA, se quedarán con el 65% de dos nuevas centrales térmicas que se construirán a un costo de entre 450 y 850 millones de dólares. De esa operación también participará Petrobrás, pero en calidad de socio menor.

De acuerdo con proyecciones difundidas, Total -dueña de Central Puerto y Piedra del Aguila- tendrá un crédito de 298 millones de pesos; para Endesa -Central Costanera, El Chocón y Dock Sud-, será de 278,3 millones y AES -Paraná-San Nicolás, Alicurá y Juramento-, contará con unos 239,3 millones de pesos. Petrobrás -que es dueña de Pichi Picún Leufú-, suma acreencias por 104,7 millones de pesos.

Un aspecto importante a destacar es que algunas de estas empresas que han resuelto continuar invirtiendo en el país, mantienen procesos contra el Gobierno en el CIADI por los efectos de la devaluación y pesificación asimétrica.

Dentro del Gobierno, existe la creencia que estos primeros acuerdos terminarán abriendo el sendero para firmar otros convenios, como en un efecto dominó, con una docena de empresas más; pero el relanzamiento de la industria energética -que es lo que el país necesita- sólo se logrará con el cumplimiento inteligente de la palabra empeñada.

Este año que comienza, sigamos con atención las "luces" que se perciben en el horizonte. El camino no es fácil, pero una Argentina mejor es posible.