En los últimos tiempos, han aparecido diversos informes sobre el incremento del riesgo de escasez de energía eléctrica en Brasil. Aunque la Ministra de Minas y Energía, Dilma Rouseff, ha dedicado mucho tiempo a desmentir estas evaluaciones, las dudas sobre la verdadera situación se han instalado.

Aun es vívido el cuadro provocado por la última crisis de en 2001 y 2002, cuando se llegó a un dramático racionamiento del 25% producto una combinación de mala gestión y poca lluvia, ya que 90 por ciento de la electricidad es hidráulica. En 2001 se proyectaba un crecimiento de la economía de 4.5 por ciento, pero el racionamiento lo redujo y desde entonces ha promediado uno por ciento anualmente.

En el año 2003 el Gobierno de Brasil otorgó un plan de ayuda financiera para sanear la situación de las empresas del sector (1.700 millones de dólares), frente a previsiones de un aumento de la demanda de energía del 5% en 2004.

Con el anuncio de la inyección de capital el Gobierno de Brasilia dio entonces el primer paso de un plan general energético que trata de volver atraer la inversión extranjera y reducir el precio de las tarifas. Con este proyecto, Lula intenta promulgar un nuevo modelo de regulación del mercado eléctrico.

Los especialistas consideran que el sector eléctrico requiere 7.300 millones de dólares por año durante la próxima década para equiparar la demanda prevista. Solamente en obras de generación – según la consultora brasilera Tendencias- serán necesarios 4.300 millones de dólares. El gobierno espera proveer la tercera parte de ese monto pero los diversos grupos privados que podrían aportar el resto no parecen estar en posibilidad de hacerlo.

El mayor temor con relación al “nuevo modelo eléctrico” lanzado por Brasilia cerca de fin de 2004 es si logrará atraer a los inversores. La tardanza en lanzarlo disminuyó la confianza de los inversionistas, ya muy débil dada la notoria dificultad para hacer válidos los contratos en un sistema judicial muy impredecible.

El Estado ya ha dado señales que participará, también se han involucrado los fondos de pensión –como Petros y Funcef- que están organizando un fondo específico para el sector eléctrico de aproximadamente 350 millones de dólares.

Las tasas de interés se han ido reduciendo y los fondos buscan diversificar sus inversiones. Funcef, por ejemplo, el fondo de pensiones de los empleados del banco de ahorro del gobierno Caixa Economica Federal, está por proveer 25 por ciento de un fondo que será lanzado por el BNDES, el banco de desarrollo estatal, para una inversión de por lo menos 600 millones de reales en estaciones que usan petróleo para generar 3 mil megavatios. También está formando una compañía con otros fondos de pensiones para comprar equipo de exploración de petróleo para rentarlo a Petrobrás. La compañía tendría un capital de unos 180 millones de reales.

El Banco Interamericano de Desarrollo prepara un fondo para inversión de infraestructura del Brasil que espera llegar a 500 millones de dólares, de los cuales el BID pondrá 75 millones de dólares en un préstamo. El banco quiere atraer parte de la liquidez disponible en los fondos de pensiones brasileños, permitiendo que diversifiquen sus carteras, al tiempo que mantengan las metas actuariales. Entre tanto, GP Investimentos, firma de Sao Paulo especializada en acciones del sector privado, ha lanzado un fondo de 200 millones de dólares para infraestructura para captar recursos fuera del país.

La ley para permitir las inversiones conjuntas con el sector privado está entrando al Congreso. Ya pasó un comité en el Senado a mediados de noviembre y debe pasar otro antes de volver a la cámara baja, de modo que la meta gubernamental de que se votara antes del fin de año resultó muy optimista.

Con la apertura del mercado en 1997, muchas empresas brasileras y extranjeras resultaron atraídas por los negocios ofrecidos por uno de los pocos mercados globales con alto potencial de crecimiento, los inversionistas aceptaron las condiciones. Estaban AES y Duke, de Estados Unidos, la española Ibedrola y Tractebel y EDF, de Francia.  Datos emitidos por la Cámara Brasilera de Inversores en Energía Eléctrica (CBIEE) muestran que más de 10.000 millones de dólares procedieron de inversores privados desde que ocurrieran las primeras privatizaciones.

Los inversionistas en electricidad han resentido dos golpes. Primero la devaluación de la moneda en 1999, lo que afectó fuertemente el costo del capital en dólares y los ingresos en reales. Luego fue el racionamiento impuesto en 2001 y 2002 cuando el gobierno forzó a los usuarios a bajar el consumo en 20 por ciento. Desde entonces el consumo sólo se ha recuperado lentamente.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Lula da Silva para contrarrestar los  riesgos de una falta de potencia tuvieron la contrapartida de perjudicar la configuración anterior del sector. A partir de ahora, los contratos deberán ser de largo plazo (entre 15 y 30 años) mediante licitaciones con precios fijos a cinco años para el hidroeléctrico o tres para el térmico, garantizando una remuneración para la inversión. Para los emprendimientos ya existentes, el plazo de entrega será de un año con licitaciones de ajuste cada cuatro meses y los contratos tendrán una duración entre 5 y 15 años.

El Presidente de Brasil y su Secretaria de Energía están convencidos que con estos cambios el perfil de la inversión en electricidad sufrirá profundas alteraciones. En el modelo anterior, la energía era considerada como una commodity, con un mercado spot bastante volátil y con grandes posibilidades para las maniobras especulativas y las actitudes agresivas. Este perfil atrajo muchas empresas interesadas en este tipo de mercado.

Con las alteraciones llevadas a cabo por el Gobierno, el sector de generación tendrá contratos a largo plazo garantizados, pudiendo atraer a inversores extranjeros con otro perfil, más moderados. Las licitaciones en transmisión tendrán asegurada una demanda superior a la oferta.

Claudio Sales, presidente del CBIEE  sostiene  los inversores en el nuevo modelo serán los mismos que ya están en Brasil, como las empresas belgas, americanas, españolas y portuguesas que se hicieron presente durante la poca de las privatizaciones. Por esta razón “si el nuevo modelo no remunera correctamente a esas empresas se complicará el planeamiento del sector”, explica.

"Nuestra preocupación es si el entorno es suficientemente atractivo" dijo Claudio Sales, presidente de la Cámara Brasileña de Inversionistas en Electricidad. "Por lo pronto no lo es."

Los inversionistas potenciales en infraestructura ven señales contradictorias en el gobierno. Luiz Fernando Castro Santos, director de proyectos de inversión en el grupo brasileño de construcción e ingeniería Odebrecht, dice que una ley de concesión emitida en el gobierno anterior ya provee un marco para la inversión privada en infraestructura. "El hecho es que nada ha pasado", insiste. Muchos observadores creen que el gobierno y el ahora moderado Partido de los Trabajadores mantienen la desconfianza hacia el sector privado por su origen como organización de izquierda.

Otra preocupación de Sales se refiere al papel de las estatales en las licitaciones que generalmente intenta maximizar su participación sin contar con todos los elementos de una inversión productiva. Sales sostiene que para lograr un funcionamiento perfecto de un mercado en concurrencia, las empresas estatales que tienen el 80% del mercado de generación eléctrica del país, deberían priorizar el lucro y la remuneración a su accionista. Este punto en consideración a que éstas tienen un “poder de fuego” demasiado grande y pueden perjudicar a los oferentes menores.

Otros analistas consideran que electricidad no es la única área en que el capital es escaso. Los transportistas marítimos de granos dicen que faltarán 20 millones de toneladas en la capacidad del sistema de transporte para cargar en los puertos del sur del país este año. El ministro de Comercio señala que esa capacidad debe ser creada para transportar 200 millones de toneladas adicionales para 2007.