Desde la época del fraude “patriótico” el clientelismo político se caracteriza por la subordinación del bien común al interés de un grupo sobre el que recae circunstancialmente la concentración del poder político.

En esa época “las libretas votaban solas” y la autoridad no estaba legitimada por la mínima transparencia y la mayoría de los ciudadanos no tenían ninguna posibilidad. El grito “¡que viva el doctor!” era generalmente premiado con algún gesto desde el poder, incluso con autorizaciones no escritas para ejercer actividades prohibidas pero muy rentables como el contrabando, el juego clandestino y la trata de blancas.

En nuestros tiempos, nadie obliga a la ciudadanía a votar, aunque el actual régimen electoral condiciona sus opciones; en realidad es la propia indiferencia y el individualismo extremo lo que hace posible que, a la vista de todos, se produzca la violación de las normas fundamentales, desde la Constitución Nacional y las Leyes hasta las normas y procedimientos establecidos para regular el funcionamiento de la sociedad; desgraciadamente la mayoría de las veces, a manos de quienes tienen la obligación y han jurado de “cumplir y hacer cumplir” esos preceptos.

Una buena parte del estallido del año 2001 y de la crisis en que permanecemos se la debemos a esa conducta colectiva, amparada en conveniencias momentáneas, donde todo se consiente y todo se admite.  Una falsa tolerancia que tiñó de desquicio la administración de la cosa pública y nos dejó un penoso saldo de deudas, empobrecimiento y marginalidad social por varias generaciones.

En materia de energía este esquema de prioridades también tuvo sus manifestaciones. Durante décadas condujo a la implantación del “precio político” y a la desinversión en infraestructura. Trajo el colapso del Estado a fines de los ’80 y la privatización de los servicios públicos.

Ahora, desde fines de 2001 el objetivo político fue evitar al Gobierno la impopularidad de los ajustes de tarifas; por esta razón, se han mantenido sin renegociar los contratos por tres años, con la consecuente paralización de las inversiones necesarias para ampliar los servicios a fin de acompañar el mayor nivel de actividad económica.

Amén de los juicios multimillonarios y demandas que se llevan adelante contra el país y que, de prosperar representarán un sucedáneo renacido de deuda externa.

En la Argentina no existiría el “cuello de botella” energético, si el Gobierno hubiera aceptado en su momento corregir ciertos desfasajes en una cifra que, a los usuarios, les hubiera representado un impacto muy inferior al actual.

Las graves contradicciones entre los ministros de economía y planificación federal puestas de manifiesto en París, expresan el choque formidable entre el bien común y el interés del Gobierno.

Para sostener esta posición populista se ha establecido la estratagema de realizar inversiones estatales en los servicios públicos y distribuir ese costo entre las industrias y los comercios. Un criterio llamado a agregar distorsiones al sistema ya que, si bien evita aumentos directos para los consumidores residenciales -independientemente de su poder adquisitivo- terminará por impactar sobre los costos y precios de bienes y servicios privados, al igual que los aumentos de sueldos por decreto. Lo que no se paga en las facturas, termina pagándose con inflación.

Ante la falta de acuerdo con las empresas, se especula con la alternativa de generalizar este procedimiento por decreto. Además de ser un “parche” que no resuelve el problema de fondo, tiene además otra contraindicación: agudiza la distorsión de precios relativos. Ya hay demasiados valores y subsidios cruzados para un mismo servicio, después de que el Gobierno autorizara un sendero creciente para los precios mayoristas del gas, mientras se dispone a hacer lo propio con la generación de electricidad.

Paradójicamente, sigue habiendo resistencia oficial a reconsiderar el componente impositivo de las tarifas, un ítem que invariablemente se omite en todas las discusiones y que penaliza enormemente a los niveles más bajos de ingreso.

Los montos del aporte que podría invertir el Estado apenas si llegan a la tercera parte de lo requerido para mantener el sistema operativo. La Argentina continúa sin acceso al crédito externo; por el momento hay pocas respuestas a la hora de determinar cómo se financia cualquier proyecto de inversión en infraestructura a largo plazo, sobre todo una vez que se normalicen los pagos de la deuda en proceso de reestructuración.

La consecuencia la hemos vivido en 2004 con una crisis de energía en la que se hizo evidente que este esquema de prioridades hizo que el país perdiera no sólo su potencial exportador, sino también su autoabastecimiento. En 2004 importamos a mayor precio que el vigente en nuestro país electricidad de Brasil, gas de Bolivia y fuel oil de Venezuela. En 2005, repetiremos el procedimiento pero con un 50% de incremento y, si hay suerte, no habrá cortes.

El recrudecimiento de la ofensiva mediática del Gobierno contra las distribuidoras de electricidad, pidiendo la intervención de la Justicia para ejecutar embargos por viejas multas, debiera acompañarse con una sana corrección de la conducta clientelista que parece orientar muchas de las decisiones.

Si en lugar de establecer un sistema de leyes, seguimos por el camino de la excepcionalidad pronto podrían volver los tiempos de la discrecionalidad en el manejo del país donde sólo podrían prosperar los que sepan gritar con fuerza ¡que viva el doctor!