La retribución a las energías renovables en los países occidentales parte de una constatación indiscutible: las distorsiones que actúan en el mercado eléctrico en detrimento de las energías limpias hacen necesario establecer mecanismos que de alguna manera corrijan dicha situación. Es necesario insistir en que los precios de la electricidad no reflejan en su totalidad el coste real de su generación en la medida en que parte de los costes ambientales y sociales que llevan asociados siguen siendo externalizados.

Subvenciones y costes externos son las dos caras de una misma distorsión en contra de las energías renovables. Hay que avanzar en su eliminación y así lo contempla la Directiva 2001/77/CE de promoción de la electricidad procedente de fuentes renovables al obligar en su artículo 8 a la Comisión Europea a “estudiar los progresos realizados en la consideración de los costes de la electricidad de fuentes renovables y las repercusiones de las ayudas públicas”, dentro del informe que sobre la aplicación de la Directiva deberá presentar al Parlamento y al Consejo antes de finalizar el año 2005.

El mecanismo de mercado más directo para corregir estas desviaciones sería gravar fiscalmente la producción de electricidad a partir de fuentes convencionales hasta el nivel de los costes externalizados por cada tecnología. A pesar de algunos tímidos avances en esta línea, las resistencias políticas y económicas que se levantan ante tal reforma de la fiscalidad energética resultan de momento insuperables. Es por ello, que se han abierto paso las soluciones compensatorias que apuestan por incentivar de alguna manera las energías limpias, que se pueden clasificar atendiendo a dos criterios fundamentales: si la intervención regulatoria actúa sobre el precio o sobre la capacidad de instalar, o si dicha intervención actúa sobre la inversión o la generación.

De acuerdo con tales criterios, la intervención regulatoria puede actuar regulando el precio, ya sea a través de una ayuda fiscal o financiera por KW instalado, o a través del pago de una determinada cantidad por KWh renovable generado y vendido a la red, dejando en manos del mercado la fijación de la cantidad de generación a instalar. Las basadas en al generación de electricidad pueden ser Renewable Energy Feed-in Tariffs (REFIT), si inciden sobre los precios regulados, o certificados verdes si lo hacen sobre las cantidades.

La que en estos momentos se alza con más fuerza en Europa es la de tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica (REFIT), mediante la cual los generadores de electricidad renovables tienen derecho a vender toda su producción a la red eléctrica y a ser por ello retribuidos bien a un precio fijo o bien al precio horario del mercado eléctrico general más un incentivo fijo que refleja o compensa el valor ambiental de la producción renovable. En la mayoría de los países dónde se aplica este sistema, el cobro del precio o prima queda además garantizado durante un período de tiempo que oscila entre los 10 y los 20 años a contar desde la puesta en marcha de la instalación.

Cuando se aplica un sistema regulatorio con tarifas de incentivos altos, se convierte en el sistema más efectivo para promover la expansión de las fuentes renovables.

Cuando las tarifas se fijan demasiados bajas, el sistema es incapaz de hacer crecer de forma sustancial la potencia instalada. Es el caso de España con las tarifas vigentes aplicadas hasta ahora para la energía solar y biomasa.

A pesar de haber demostrado su eficacia, el sistema de feed-in cuenta con numerosos detractores, que intentan equiparar el sistema a las palabras peyorativas de subsidios y que pretenden insistir en la idea de que estos sistemas de apoyo al precio no son supuestamente compatibles con el libre mercado, a lo que hay que apuntar que no puede considerarse como más orientado al mercado un sistema que fija la cantidad de electricidad de fuentes renovables a producir (el sistema de cuota y certificados verdes) que otro que fija el precio a percibir por esa actividad. A esto hay que sumarle el avanzado posicionamiento del sistema regulatorio español en su vertiente variable que somete a la parte fija –la prima- a una actualización anual ligada también a la evolución del mercado.

En cuanto a los sistemas de cuota y certificados verdes, están en funcionamiento desde hace apenas un año en solo tres países de la UE: Italia, Inglaterra y Bélgica. Con ellos el Estado impone a las compañías distribuidoras de electricidad la obligación de que un determinado porcentaje, generalmente creciente en el tiempo, de su suministro provenga de fuentes de energías renovables. Es la llamaba cuota fijada inicialmente en Italia en el 2% o en el 3% en Inglaterra. El precio del certificado verde vendrá dado por la cuota que se fije legalmente o por la diferencia entre los costes marginales de generación y el precio de la electricidad convencional en el mercado.

Cuando los economistas teorizan sobre la mayor o menor eficiencia de uno u otro sistema regulatorio olvidan con frecuencia que de lo que se trata en última instancia es de aumentar la contribución de las fuentes renovables en el consumo nacional bruto de electricidad del país para alcanzar los objetivos fijados para el año 2010. Y desgraciadamente la evaluación que ha realizado EREF sobre el grado de avance en el cumplimiento es alarmante: sólo Alemania parece estar en condiciones de alcanzar su objetivo nacional.

Para lograr las metas propuestas, los productores europeos de energías renovables necesitamos un sistema regulatorio que quede claramente definido y consagrado a medio y largo plazo en la legislación nacional y que haga previsible el precio que se obtendrá por la electricidad renovable durante toda la vida de la inversión de forma y manera que permita un binomio riesgo-retorno competitivo con otras opciones de inversión.