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El caso del acuerdo alcanzado con "EDELAP" se destaca entre el
resto de las empresas de servicios públicos privatizadas, porque se
ha convertido en la experiencia piloto del Gobierno Nacional en sus
renegociaciones con las empresas privatizadas y, en cuanto tal, es
la piedra angular de las conversaciones con el Fondo Monetario
Internacional con miras a lograr un acuerdo y la refinanciación de U$D
10.000 millones que las autoridades esperan suscribir después de las
elecciones previstas para el mes de octubre.
Además, a medida que se cierren estas
renegociaciones el Gobierno pretende frenar el aluvión de reclamos de
las compañías ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial,
contra el Estado Nacional, ya que se espera que las empresas -al suscribir estas
renegociaciones- se comprometan a suspender estos procesos. En
general, también se estima declararán que renunciarán definitivamente al litigio
cuando se haya firmado y publicado el decreto con la revisión tarifaria integral, lo que ocurrirá el año próximo.
Según los analistas más cercanos al Gobierno, si el plazo de
suspensión de los litigios resulta conveniente, y se extiende hasta
avanzado el año 2007, el conflicto arbitral podrá ser manejado
nuevamente después de alcanzada una eventual "re-elección" o, en su
defecto, traspasado a una administración posterior.
La UNIREN -ente a cargo de la
renegociación- considera que, fines de 2005 -año
electoral por antonomasia-, llegarán a un acuerdo de renegociación
con 35 de los 61 contratos vigentes.
En consecuencia, el Gobierno siguiendo este
modelo se propone destrabar los acuerdos con Gas Natural BAN y Aguas
Argentinas, luego de que se formalizó el Acta de Entendimiento con
EDESUR, controlada por la española Endesa.
Se estima que otro
tanto ocurrirá con EDENOR, ni bien concluyan las tratativas de compra
de la parte mayoritaria del capital de esa compañía por parte del
Fondo Dolphin, que encabeza el empresario Marcelo Mindlin, con la
estatal francesa Electricité de France.
Aunque la historia reciente de Argentina
muestra una enorme debilidad institucional y un muy bajo nivel de
seguridad jurídica, las autoridades han procurado dotar a los nuevos
acuerdos de cierto margen de legitimidad para asegurar la
aquiescencia de las empresas.
En su momento, junto con la creación de la bicéfala
"Unidad Renegociadora y de
Análisis de los Contratos" — concretada por medio del
decreto 311—, el Presidente Kirchner remitió al Congreso el nuevo mecanismo
negociación de los contratos y la forma de
intervención previsto para el Poder Legislativo para la aprobación
de los acuerdos.
Según esta normativa, una vez alcanzado un
acuerdo de renegociación ("Acta de Entendimiento") entre la
empresa prestataria y la UNIREN, se debe convocar a una
audiencia pública no vinculante para discutir su contenido y
escuchar la posición de las partes. A partir de allí, se pone en
marcha el mecanismo de aprobación del acuerdo logrado por parte del Parlamento, y
eventualmente de la Justicia para resolver la aceptación final y las
eventuales impugnaciones que se puedan presentar.
En el caso del
Congreso, el nuevo sistema estableció un plazo de 60 días para expedirse
por medio de una sesión plenaria. "Será un fast track,
-según dijo en su oportunidad el Ministro De Vido- es decir aprueban o rechazan el contenido de cada
negociación pero no tendrán potestad para modificar los términos de
las discusiones". Si el Congreso no se expide en ese término, el
Ejecutivo dará por convalidadas las renegociaciones. Pero, si los
nuevos contratos son rechazados, entonces el Gobierno deberá encarar
una nueva renegociación.
En el caso "EDELAP", por primera vez desde
la crisis de 2001, pese a la existencia de disidencias atendibles,
se han cumplido exitosamente la totalidad de los pasos establecidos
para consagrar la validez del acuerdo alcanzado.
Es importante destacar la voluntad de ambas
partes para encontrar una fórmula de solución a la problemática que
enfrentan ya que tanto el Estado como la compañía reafirman la
voluntad de seguir invirtiendo en el mantenimiento y expansión del
servicio. La intransigencia y la negativa al sacrificio mutuo
hubieran impedido arribar a un entendimiento, perjudicando por igual
a todas las partes involucradas, incluidos los usuarios presentes y
futuros.
También debe señalarse la voluntad, por parte de
la empresa propietaria de EDELAP, de permanecer operando en el país
a pesar de las situaciones anómalas por las que debió atravesar.
Sin embargo, desde la perspectiva del sector
energético que es lo que más nos interesa analizar, el punto central de estos acuerdos
excede la mera corrección de una realidad económica y financiera de
excepción; es una señal que revela la confirmación de
la predisposición oficial a producir una readaptación del sistema
luego de la implosión de fines de 2001 y la virtual caída de los
contratos, a consecuencia de la devaluación monetaria.
A lo largo de este proceso, ya se habían
realizado algunos reajustes -flexibilizando el análisis de los
costos- especialmente en el área de la generación, donde muchas
empresas habían
comenzado a mostrar los signos inequívocos de una pérdida de sustentabilidad
económica; se encaminaban realmente a un colapso financiero.
Muchos de estos cambios estuvieron claramente
orientados a garantizar las inversiones mínimas para evitar el costo
económico y político de una falla en el sistema, que ya se
vislumbraba como una posibilidad creciente.
En cambio, el segmento de la distribución de
energía no había percibido ninguna mejora desde 2001. Los balances
de las empresas distribuidoras reflejan con claridad el deterioro de
este segmento de la actividad y, evidentemente, resultaron un factor
decisivo para que grandes empresas decidieran vender su
participación accionaria en las mismas.
Por estas razones, este acuerdo en el área más
postergada dentro de este proceso de readaptación (la distribución) debe
considerarse como definitivo, a diferencia de las interpretaciones
brindadas por las fuentes parlamentarias, que lo calificaban como
"transitorio" (ver "El
Poder Legislativo aprobó el acuerdo con EDELAP y hay avances con Gas
Natural Ban"), seguramente considerando que en el mismo se
establecen etapas posteriores que lo perfeccionan, particularmente
la realización de una revisión tarifaria integral a cargo del
ENRE.
Finalmente la devolución de estas funciones al
ente regulador es tal vez el paso crítico fundamental que se ha dado
en el camino hacia la normalización del sistema, abandonando el
ámbito político e ingresando al terreno de vigencia plena de las
leyes, la normativa regulatoria y los procedimientos técnicos.
Desde este punto de vista, el "modelo EDELAP"
constituye el primer paso de un camino en la dirección correcta, que
todos hubiéramos deseado se lograra antes pero que diversas
circunstancias impidieron concretar hasta ahora.
Lo importante ahora es observar el cumplimiento
riguroso de lo acordado, para dar por superada la etapa de
excepcionalidad, sepultar la inseguridad jurídica y para abocarnos
al estudio y solución de la problemática energética que se plantea en
torno al abastecimiento de recursos energéticos necesarios para
sostener el crecimiento económico del país.
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