El Primer Ministro británico Tony Blair ha prometido que la reunión del G-8, presidida por él, que se celebrará en Gleneagles (Escocia) se centrará en dos de los problemas mundiales más importantes y antiguos: la pobreza del tercer mundo y el calentamiento de la atmósfera mundial.

Durante mucho tiempo, pareció imposible compatibilizar la solución de esos dos problemas. Es comprensible que el mundo desarrollado no quiera sacrificar su crecimiento por un bien público mundial, sobre todo cuando los Estados Unidos, el país más rico del mundo, no parecen dispuestos a sacrificar ni siquiera un poco de su lujoso estilo de vida.

Un grupo de países en desarrollo, encabezado por Papua Nueva Guinea y Costa Rica, que constituye una nueva coalición en pro de la protección de las selvas tropicales, acaba de presentar una propuesta innovadora, en la que no sólo se compromete a respetar la limitación de las emisiones de gases que provocan el efecto de invernadero, sino que, además, muestra cómo se puede hacerlo de un modo que fomente su desarrollo.

Los países en desarrollo llevan mucho tiempo aportando un bien público mundial: el mantenimiento de unos activos medioambientales mundiales. Sus selvas tropicales son un inmenso depósito de diversidad biológica y los bosques son sumideros de anhídrido carbónico, que reducen el nivel de CO2 en la atmósfera.

A mediados del decenio de 1990, yo participé en el examen por parte del Panel Internacional sobre Cambio Climático de las pruebas científicas relativas a la magnitud de los aumentos de los gases que provocan el efecto de invernadero y sus consecuencias económicas y sociales. En aquel momento ya había pruebas abrumadoras de que se trataba de un problema grave que se debía abordar y los datos obtenidos desde entonces - relativos, por ejemplo, a la rápida fusión de la capa de hielo polar- han reforzado poderosamente esa conclusión. Una cuarta parte, aproximadamente, de las emisiones de gases que provocan el efecto de invernadero se deben al cambio en los usos de la tierra, principalmente la deforestación, cantidad equiparable a las de las emisiones de los Estados Unidos debidas a la utilización de combustibles fósiles (los Estados Unidos son los mayores emisores de gases que provocan el efecto de invernadero.)

Manteniendo sus bosques ecuatoriales, los países tropicales prestan un inestimable servicio mundial, por el que hasta ahora no se los ha compensado, pero, sobre todo después de la firma del Protocolo de Kyoto, podemos evaluar al menos una parte de esos servicios medioambientales: la captura del anhídrido carbónico (es decir, que, si no mantuvieran sus bosques, el nivel de concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera sería muchísimo mayor).

El Protocolo de Kyoto ha creado nuevos mercados para la compraventa de emisiones de anhídrido carbónico, como, por ejemplo, el Plan Europeo de Compraventa de Emisiones (PECE). Con los precios actuales, el valor de la captura del anhídrido carbónico por las selvas tropicales es equivalente o superior al nivel de ayuda internacional prestada a los países en desarrollo. En realidad, los países pobres están ayudando a los ricos.

La diversidad biológica y la estabilidad climática son bienes públicos mundiales. Los beneficios de la conservación para el mundo en conjunto exceden con mucho el valor de la explotación para un país como Papua Nueva Guinea. El gobierno de este país quisiera actuar de la forma idónea con vistas a mantener su capital natural para las generaciones futuras, pero sus funcionarios creen que actualmente no tienen posibilidad de elección.

En Kyoto se cometió (por diversas razones) un enorme error. Si bien se puede compensar a los países por plantar bosques, no se puede compensarlos por evitar la deforestación. De modo que países como Papua Nueva Guinea tendrían una situación económica doblemente mejor, si talaran sus antiguos árboles productores de madera noble e hicieran replantaciones, pero eso es un sinsentido económico y social. Se deberían conceder incentivos a esos países para que mantuvieran sus bosques. (Como siempre, hay problemas técnicos que resolver, relativos a la supervisión y la medición, pero con las tecnologías modernas se puede resolverlos fácilmente.) Como mínimo, los mercados como el PECE deben conceder valor a las reducciones de emisiones gracias a las cuales se limite la deforestación.

Sin un programa semejante los países en desarrollo carecen, por desgracia, de medios e incentivos para apoyar la conservación. En los más de 60 países que albergan las selvas tropicales del mundo hay unos 2.700 millones de habitantes. La única forma de salir adelante económicamente para ellas es la de talar los bosques de madera noble, pese a que en la actualidad reciben tan sólo el cinco por ciento del precio final -pongamos por caso- en Nueva York.

Algunos han propuesto que se espere para abordar esa cuestión hasta 2012, cuando debería entrar en vigor en principio un protocolo revisado, pero, ¿podemos esperar? Al ritmo actual de deforestación, las contribuciones combinadas de las concentraciones de gases que provocan el efecto de invernadero del Brasil e Indonesia exclusivamente contrarrestarían casi el 80 por ciento de las reducciones de emisiones obtenidas con el Protocolo de Kyoto.

Lo impresionante de la nueva iniciativa en pro de las selvas tropicales es que procede de los propios países en desarrollo; representa su creatividad y compromiso social. Por primera vez, unos países en desarrollo parecen dispuestos a contraer compromisos semejantes a los que Europa, el Japón y otros países avanzados (excepto los Estados Unidos) han subscrito para evitar lo que podría ser un desastre mundial.

Costa Rica, por ejemplo, ya ha demostrado que un sistema de pago por la prestación de servicios medioambientales (como el mantenimiento de los bosques naturales) puede funcionar de formas que preserven el medio ambiente y potencien la economía.

Compensar a los países en desarrollo por la prestación de esos servicios medioambientales sería una forma de aumentar en gran medida la ayuda... y al mismo tiempo brindar a esos países los incentivos idóneos de mercado. Desde un punto de vista mundial, el mejor uso de esos recursos es el de mantener los bosques, cosa que es posible incluso con la existencia de talas moderadas.

Se trata de una iniciativa en torno a la cual pueden y deben agruparse todos los países. En un mundo dividido -entre países ricos y pobres, entre quienes se centran en la protección medioambiental y quienes lo hacen en el crecimiento-, esa iniciativa puede unirnos a todos. Los dirigentes del G-8 deben atender ese llamamiento.