Desde distintos ámbitos, hace más de 5 años, se viene señalando la falta de una política energética. Sin embargo, son pocas y aisladas las propuestas concretas que surgen. Incluso, algunas presentaciones políticas que se han realizado recientemente, no logran superar el lugar común de las generalidades y de apelar a viejas fórmulas del pasado. Parecen más bien orientadas a capitalizar electoral o comercialmente el inevitable deterioro, que a solucionar el grave problema que enfrentamos.

Esta falencia, sin duda no obedece a falta de idoneidad de los cuadros técnicos –que son muy buenos- sino a que, si se definieran determinados aspectos quedarían expuestos los lineamientos estratégicos que se persiguen, afectando las alianzas económicas y sociales del poder político. En materia de energía, inclinar la balanza -en cualquier sentido que se pretenda- determina inmediatamente apoyos y resistencias, con las que evidentemente nadie quiere lidiar.

Los propios dirigentes empresarios, hoy ciertamente atemorizados por el estilo del Gobierno, no atinan a expresar con claridad sus objetivos corporativos, quizá a la espera de un “cambio de ambiente” que reponga la validez de la metodología histórica de hacer funcionar los negocios en Argentina, y así justificar su incongruente proceder frente a los accionistas –privados o públicos- que finalmente son quienes arriesgan el dinero.

En conjunto, estas indefiniciones, han facilitado cierta volatilidad decisoria y el despliegue variados intereses, hasta llegar a una situación en la que, el factor energético, comienza a verse como una de las mayores restricciones para el crecimiento futuro del país.

Según un informes elaborados por diversos consultores, el nivel de extracción de crudo sigue cayendo en 2006. La baja fue de 5% en 2005. Las proyecciones para el año, estiman que caerá un 4,8% por debajo de 2005, con una producción cercana a los 36,70 millones de m3. En el sector aseguran que la producción se orientará a la baja porque el marco en el que se desarrolla no atrae inversiones.

Más allá de las declaraciones oficiales que buscan minimizar la situación, los datos muestran que el sector eléctrico está funcionando al límite de su capacidad técnica y sin reservas de protección que le permitan afrontar cualquier evento inesperado. La capacidad instalada total del sistema supera los 22.500 MW, aunque el promedio de la oferta disponible promedia los 18.000 MW. Tanto los generadores, como los especialistas eléctricos coinciden en destacar que entre este mes y agosto habrá que afrontar un período crítico en materia de abastecimiento.

Si bien no se espera llegar a un escenario de apagones generalizados, se estima que varias regiones (las provincias del NOA, Formosa, parte de Cuyo, el sur de Córdoba y Santa Fe y el interior bonaerense) están en situación de padecer restricciones parciales y un empeoramiento de la calidad del servicio.

Por su parte, la generación de electricidad sigue su curva ascendente a 25.377 GWh en los primeros tres meses del año y superó en 6,1% la marca de 2005 y fue el mayor registro histórico para el período.

De acuerdo con datos suministrados por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) hace pocos días se llegó a un consumo de potencia de 17.037 megavatios (MW), superando el récord anterior, que se había registrado el 23 de mayo último (16.876 MW a las 20.15). También se superó el mayor registro diario previo, por cuanto se consumieron 326,9 gigavatios hora (GWh) en total durante toda la jornada.

Además, es evidente que el gas que tenemos disponible ya no alcanza para abastecer a las usinas térmicas sobre las que descansa más del 50% del total generado y, en consecuencia, se deberá apelar otra vez a la importación de fuel oil y gasoil por más de $ 2.400 millones.  En contraposición, las exportaciones de energía se redujeron un 14 por ciento.

Para atender el aumento de la demanda se necesitan incorporar por año 1.000 MW de generación adicional. Pero pese a los aumentos que se esperan en el consumo, no se prevé la incorporación de ninguna usina hasta el año 2008. Las dos centrales térmicas de 1.600 MW que se financian con el Foninvemem —el fondo creado con las deudas que el Estado tiene con los generadores— todavía no fueron adjudicadas.

A esto se agregan cuestiones críticas tales como la incertidumbre de precios y cantidad para la provisión de los 6 millones de metros cúbicos diarios de gas que necesitan como combustible para las nuevas usinas. Por otro lado, tanto la ampliación de Yacyretá, como la terminación de Atucha II, que se habían anunciado para 2007 y 2008, recién estarían listas -en caso de que se cumpla el cronograma- para después del 2010.

La falta de gasoil es una realidad de muchas provincias. Lo mismo que el abastecimiento de gas para su uso en automóviles (GNC) y la situación crítica de las estaciones de servicio.

¿Por cuánto tiempo podemos seguir “apagando incendios”? ¿Será nuestro destino continuar con la improvisación y las medidas aisladas?. A fin de esclarecer estos interrogantes, resulta fundamental revisar los tópicos esenciales constitutivos de una verdadera política energética.

Ante todo, se debe reflexionar acerca de los objetivos estratégicos del país y definir el rol que, para alcanzarlos, deben cumplir los múltiples actores que componen o participan de esa política energética. El Estado, las empresas privadas, los usuarios industriales, los consumidores residenciales, los países a quienes vendemos y compramos energía, etc.

Este enfoque deberá partir de la situación presente, de la capacidad y disponibilidad actual de recursos, de la “matriz” energética que tenemos hoy y de las posibilidades que ofrecen a futuro los medios disponibles en nuestro territorio.

Precios, condiciones y costos transparentes de los productos energéticos también condicionan nuestras posibilidades de integración con los países vecinos. Tanto para vender como para comprar. Esto es importante para adoptar decisiones en materia de grandes emprendimientos hidroeléctricos como Yacyretá.

No hay que descuidar el análisis del sector energético a nivel global. Es decir, preguntarse sobre lo que está aconteciendo en el presente, lo que los demás países hacen y el escenario que tendremos en el futuro. Un futuro a 10, 20 y 30 años.

¿Es viable a futuro la actual matriz energética con más de 80% del consumo basado en petróleo y gas? ¿Cuál es nuestro nivel de eficiencia en el consumo energético?

Así, por ejemplo, en materia de hidrocarburos todos sabemos que la declinación actual debe corregirse mediante nuevos descubrimientos. Éstos dependen de la exploración, que a su vez se basa en reglas jurídicas competitivas (Ley de Hidrocarburos) que posibiliten esas inversiones y por supuesto en la realidad geológica del país.

Si queremos intentar el descubrimiento los hidrocarburos que existan en nuestro territorio, una política energética deberá definir con claridad quién y bajo qué condiciones explorará y explotará esos recursos. Si lo harán las empresas privadas, ¿cómo recuperarán las inversiones? y ¿qué ganarán?. ¿Es viable un sistema donde los productores argentinos cobrar por el gas solo 20% de lo que el país paga a los bolivianos?. Si por el contrario, queremos que el desarrollo lo haga el Estado, la política deberá entonces asignar los recursos económicos acordes con la actividad de riesgo que implica.

Algo similar ocurre en otros terrenos que deben formar parte integral de esta política, como la energía atómica. Sin programa nuclear de largo plazo (15 o 20 años) prácticamente será muy difícil –por no decir imposible- concretar la anunciada terminación de Atucha II. Para construir centrales nucleares, hay que volver a desarrollar la capacidad humana y tecnológica dilapidada durante los años de parálisis y abandono del sector, ¿basta con la perspectiva de completar ½ central nuclear?

Evidentemente no. Si el apoyo a la opción nuclear va en serio, hace falta cierta perspectiva de continuidad a mediano y largo plazo. También pensar el alcanzar cierto protagonismo en grandes proyectos internacionales que trabajan para definir la próxima generación de usinas, más económicas y seguras.

Las energías renovables y los biocombustibles son un caso idéntico. ¿Cómo se desarrollarán, si no existen verdaderos estímulos para ello? En todos los países en que ha avanzado la eólica, solar y los biocombustibles hay múltiples vías fomento que no están siquiera previstos en Argentina.

Todos los actores que intervienen en este sector, si realmente desean una política energética estable y próspera, deberían esforzarse por contribuir a dar respuesta a estos interrogantes. Por el contrario,  si seguimos aferrados a la “conveniencia” coyuntural, haciendo la “política del avestruz”, en poco tiempo deberemos asumir el enorme costo que significa dejar nuestro porvenir en manos de la fortuna o a merced de la arbitrariedad de terceros.