En un reciente estudio, el Club Español de la Energía y la Comisión Nacional de la Energía afirman que “la intensidad energética en la economía española persiste en su tendencia hacia el crecimiento, en un movimiento de sentido contrario al de los países mayores entre los más próximos, lo que obedece a una cierta brecha de desarrollo y bienestar que se reduce gradualmente, pero también hay que hablar de una menor sensibilidad de nuestro sistema económico y social a este tipo de problemas.” Así, durante la última década, con una población prácticamente estabilizada, hemos incrementado un 38% el consumo de energía y un 45% el parque de automóviles. ¿Tiene alguna relevancia esta tendencia al despilfarro energético de los españoles?

De acuerdo a las noticias que han ido apareciendo en la prensa, y atendiendo a una resolución aprobada por el Congreso de Diputados en Julio del año pasado, el Ministerio de Economía trabaja actualmente en un documento de consulta para la elaboración de un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Esta iniciativa está en línea con la reciente promulgación de una Directiva Europea sobre ahorro energético en edificios y con el esfuerzo realizado por la Comisión Europea para promover la participación ciudadana en este tema, a través de la publicación de documentos informativos para establecer un debate, como son el “Libro Verde sobre la Seguridad de Suministro” de Noviembre de 2000 y el más reciente “Energía. Controlemos nuestra independencia”.

Estos documentos tratan de hacernos conscientes de que el patrón de desarrollo de nuestra sociedad no es sostenible, y de que el ahorro energético es una de las armas más eficaces de que disponemos para hacer frente a este gravísimo problema que enfrenta la humanidad. Desarrollamos nuestra actividad en un planeta cuyos recursos energéticos son finitos, como también lo es su capacidad de carga para admitir los impactos ambientales asociados. El modelo económico debe reconocer que existen unos límites al crecimiento desaforado del consumo energético, y que hemos de asumir estos límites por responsabilidad intergeneracional. Esta responsabilidad se ha de sumar a la responsabilidad generacional, derivada de las actuales desigualdades en la distribución de la riqueza y en el uso de la energía. Es necesario, pues, elaborar estrategias de desarrollo sostenible, esto es, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

¿Tiene verdaderamente el ahorro energético potencial para contribuir de forma significativa al desarrollo sostenible? En su “Informe mundial de la energía” la ONU y el Consejo Mundial de la Energía han puesto de manifiesto que, a pesar de las mejoras que ha experimentado la eficiencia energética, particularmente en los países más desarrollados, todavía queda un amplio margen para lograr una reducción adicional de la energía consumida por unidad de producto interior bruto. Por ejemplo, el 30% de la energía se malgasta por el uso ineficiente en casas, edificios, empresas y vehículos.

Las técnicas necesarias para lograr los incrementos de eficiencia fundamentalmente ya existen. Al mercado le corresponde transmitir las señales económicas que fomenten el ahorro y la innovación tecnológica para el desarrollo de procesos que sean menos intensivos en energía. Sin embargo, el mercado y los precios de la energía tienen limitaciones para trasladar a los agentes sociales las señales más adecuadas para una asignación y utilización óptima de los recursos, por lo que la demanda de energía no tiene la oportunidad de responder plenamente a criterios de racionalidad económica. Debe por tanto intervenir la administración, introduciendo mecanismos para que se internalicen en los precios de la energía los costes derivados del agotamiento de los recursos limitados y de los impactos ambientales.

La otra gran dificultad a la que se enfrenta una estrategia de ahorro energético es que implica una verdadera transición cultural, con los consiguientes cambios de organización y comportamiento. Esta cultura en el caso de España no existe, por lo que habría que construirla.

Un modelo de desarrollo economicista, en el que se equipara el bienestar con el crecimiento del PIB, supone una visión demasiado chata del progreso, que esconde enormes desequilibrios ambientales y sociales. En España, ?como en muchos otros países?, el que haya mucha o poca luz, ?en las calles, casas y comercios?, está todavía asociado a riqueza o a pobreza. El derroche de luz es un símbolo de estatus social. Igual ocurre con el transporte privado, el aire acondicionado o la tendencia a vivir en urbanizaciones. En cambio, el ahorro es un concepto negativo, asociado a penurias económicas y contrario a la lógica interna de la sociedad de consumo.

Lo primero que se debería intentar en la estrategia a plantear es romper esas asociaciones y crear otras identidades de estatus social, que permitan a los individuos una identificación cultural nueva, en la que tengan cabida los conceptos de solidaridad generacional e intergeneracional y de respeto al medio ambiente, de forma que el concepto de calidad de vida esté cada vez más vinculado al consumo responsable y al respeto por el entorno. Entonces el ahorro energético no sólo no sería cosa de pobres y de sociedades atrasadas, sino todo lo contrario, sería el símbolo de excelencia, de modernidad y desarrollo, de la democracia y de los valores positivos de la sociedad, de forma que conseguirlo sería motivo de orgullo.

Estos nuevos valores son condición necesaria, pero no suficiente, para un cambio de comportamiento social. El ahorro energético, en el modo y medida que va a ser necesario, va a comportar un gran esfuerzo. Para que estos nuevos valores se conviertan en comportamientos, se requiere una política pública que comprenda tanto el facilitar alternativas viables (como un adecuado transporte público), como el establecimiento de normas (como las de eficiencia mínima en edificación) y señales económicas adecuadas (como las ecotasas), además de llevar a cabo una estrategia continuada de comunicación y de formación, pues algunos de estos cambios pueden requerir plazos generacionales.

 
En España el punto de partida no es muy favorable, ya que nuestra trayectoria en lo referente a ahorro energético ha sido más bien pobre. Lo anterior concuerda con la ausencia de una política pública de fomento del ahorro energético. Así, se ha suspendido desde hace varios años la financiación del programa de gestión de la demanda eléctrica que establece la Ley del Sector Eléctrico. Hasta la fecha no se ha recuperado el anterior Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, que finalizó en el año 2000. Se han excedido ya en más de un 33% las emisiones de CO2 del año 1990, cuando el compromiso de España es no sobrepasar el 15% en el año 2010, y todavía no existe un plan de actuación sobre el cambio climático. No obstante, en el lado positivo de la balanza, contamos con un Plan de Fomento de las Energías Renovables y un proceso de cambio de combustible en la generación eléctrica que en cierta medida frena el incremento de las emisiones. Pero es mucho lo que queda por hacer.

Esperamos que el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética suponga un sustancial cambio de actitud de la política pública y que incluya entre sus elementos fundamentales al menos los siguientes:

- Un carácter estratégico, es decir de verdadera “movilización” de una sociedad hacia unos objetivos que se entiendan por todos, donde los planes y programas no se reduzcan a un listado de actividades. Lo anterior supone prestar una atención especial a los aspectos de comunicación, concienciación y participación de la sociedad civil. Es importante que el Gobierno y las administraciones públicas den ejemplo del cambio de estilo que se quiere propugnar.

- Una concentración de esfuerzos en las actividades donde el ahorro energético tiene mayor potencial, con medidas eficaces y realistas. Si bien en el sector industrial se han conseguido hasta el momento importantes ganancias de eficiencia, en los sectores residencial, comercial y sobre todo del transporte, los incrementos del consumo de energía actuales y las proyecciones futuras son muy elevados.

- Un esfuerzo de aproximación, que en gran medida habrá de armonizarse con el resto de países de la Unión Europea, de los precios de la energía a su coste real para la sociedad, como medio más eficiente de influir en el comportamiento de los consumidores.

Una última reflexión va dirigida a las personas como individuos y su posible contribución a este proceso. Aunque se necesita una política pública de ahorro energético de ámbito nacional, europeo y mundial, nuestro modelo de desarrollo se llama sociedad de consumo. Las personas individualmente deberíamos ser capaces de ir introduciendo pequeños cambios de comportamiento que, eventualmente, vayan creando una conciencia del ahorro. Si esta conciencia se generaliza, puede convertirse en presión social y generar cambios globales. Son estos cambios de comportamiento y el ejercicio de la presión social de los individuos y de las instituciones lo que acaba por conseguir, en un entorno democrático, que se incluyan los temas verdaderamente importantes con los enfoques adecuados en las agendas de los grandes foros y de los gobiernos.