Con la entrada en vigor del  Protocolo de Kyoto, se pusieron en marcha un conjunto de objetivos para comenzar a reducir las emisiones de gases causantes del “efecto invernadero” a los que los científicos responsabilizan por el calentamiento global. En Europa se han comenzado a instrumentar mecanismos flexibles basados en el mercado para poder alcanzar esos objetivos.

Así, desde comienzos de 2005, la Unión Europea ha diseñado un sistema de compraventa de emisiones, que cubrirá a más de 12.000 plantas de producción y de consumo intensivo de energía. Este sistema ofrecerá a las empresas una forma económica para reducir sus emisiones y financiar las acciones necesarias para evitar el cambio climático.  

La característica de este intercambio comienza cuando cada Estado Miembro acuerda un plan nacional de asignación (PNA) en el que se establece la cantidad total de CO2 que emiten sus operadores. Con esta información se otorga a las empresas el derecho de comerciar con sus cuotas de emisiones directamente entre ellas o a través de un agente, banco o cualquier otro intermediario. Se espera que, con el paso del tiempo, se desarrollen los intercambios de compraventa de emisiones en gran escala.

Este sistema funciona como una “caja compensadora” de emisiones. Cuando se determina que una empresa produce cierta cantidad de emisiones, el Estado le asigna una cuota por las toneladas equivalentes y ésta deberá optar por el esquema que le resulte más conveniente para alcanzar el límite que se ha fijado ya sea, hacer transformaciones estructurales para reducir las emisiones de su proceso industrial y comprar cuotas a otras empresas que tengan crédito por emitir menos de lo establecido como límite.

Si bien el sistema aparece como muy complejo, en una primera instancia, la Comisión Europea ha ofrecido su mediación para arbitrar entre los Estados una aplicación justa y equitativa de las normas en la UE.

La Comisaria de Medio Ambiente Margot Wallström anunció, a mediados del año pasado, la aprobación de los PNA de ocho Estados Miembros. De esos ocho planes, tres ya han recibido una aprobación condicional, puesto que se requieren algunos para cubrir las exigencias de las normas vigentes. Al mismo tiempo, la Comisión ha abierto expediente de infracción contra dos Estados Miembros que no han presentado sus PNA y que podrían enfrentarse a una sanción.

La Comisaria Wallström ha avisado a los gobiernos en repetidas ocasiones de que no sean demasiado generosos con la asignación de cuotas y de que garanticen que los niveles corresponden a los objetivos de Kyoto de reducción de emisiones. De lo contrario, Wallström teme que la caída forzada del precio de las cuotas de emisiones pueda debilitar enormemente el funcionamiento y la calidad medioambiental del sistema de compraventa.    

Con estos primeros pasos, la Comisión confía en que el sistema europeo de compraventa de emisiones funcione eficientemente durante 2005. El desarrollo de esta estrategia de la UE está siendo evaluado en otras regiones, países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, han manifestado interés en vincular sus sistemas nacionales con el implantado por la UE, si se alcanzan resultados acordes con las expectativas.