Desde que se conoció el embargo de 12.000 millones de dólares otorgado por tribunales de Nueva York y Londres a favor de la empresa EXXON, Venezuela entró en una verdadera guerra contra esa corporación.

El pleito es consecuencia de la "nacionalización" de los proyectos en la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, de donde se extrae crudo muy pesado y se lo convierte en sintético, más liviano, mediante un sistema de asociaciones que fue cambiado hace un año por empresas mixtas donde Pdvsa (Petróleos de Venezuela SA) debió ser ampliamente mayoritaria.

Exxon se rehusó a operar con menos de su 41,67 por ciento original en el proyecto Cerro Negro, que produce unos 200.000 barriles diarios. Las primeras negociaciones sobre la indemnización debida se estancaron y entonces se inició un litigio en tribunales internacionales.

Los negocios en la Faja se hicieron en una época en que ese petróleo valía muy poco, los precios estaban deprimidos y se entregaron estímulos a las firmas internacionales para que llegasen a invertir.

El embargo solicitado era para asegurarse de cobrar la indemnización por la pérdida de proyectos petroleros nacionalizados en la Franja del Orinoco, y después de negarse a negociar con el gobierno venezolano un precio justo.

Según la prensa estadounidense, Exxon Mobil entabló estas acciones de congelamiento por miedo a que el gobierno de Hugo Chávez desplace esos activos a otros países, lejos del alcance de una decisión de la comisión internacional de arbitraje. El arbitraje se funda en un convenio que tenía firmado con gobiernos anteriores al del presidente Chávez

Desde el gobierno de Venezuela se niega la magnitud de la medida sosteniendo que el embargo aprobado en la Corte de Nueva York apenas abarcaría unos 300 millones de dólares de Cerro Negro.

"Exxon Mobil más nunca tendrá negocios en este país", dijo el ministro venezolano de Energía y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, pues "ésta es una clara situación de conflicto, de terrorismo judicial, por parte de una típica empresa estadounidense que siempre ha tratado de imponer condiciones a los países productores".     

Explicó que “no hay ninguna decisión definitiva sobre nuestros bienes, sólo una medida cautelar o transitoria mientras PDVSA presenta sus alegatos en defensa de los intereses de la República” ante las cortes de Nueva York, Londres y La Haya.

Por otra parte, Ramírez indicó que Exxon Mobil no ha respetado los términos del arbitraje sino que tomó medidas de presión legal contra nuestra empresa nacional. Por ello, la estrategia de esta firma se centró en introducir un arbitraje contra la República ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial en agosto de 2007 y, de forma paralela, una acción judicial ante una corte de Nueva York.

En cuanto al arbitraje internacional, ya se nombraron los árbitros de ambas partes y “se espera la conformación del comité arbitral para iniciar el juicio que, estamos seguros, favorecerá los intereses de la República”, precisó Ramírez.

Por su parte, fuentes de la petrolera norteamericana, aseguraban que se habían obtenido órdenes suplementarias de los tribunales de Holanda y de las Antillas holandesas contra PDVSA.

Washington se apresuró a aclarar que no ha impulsado el pleito judicial de Exxon contra Venezuela, en una acción tendiente a evitar que el asunto se viera como parte del enfrentamiento político con Caracas.

"La visión del gobierno de Estados Unidos es que ni la Exxon ni ninguna compañía estadounidense, así como tampoco ninguna compañía en ningún lugar del mundo, puede ver expropiada o nacionalizada su propiedad sin una compensación justa y adecuada, según las reglas internacionales", agregó el portavoz de la Casa Blanca. 

Movimientos Diplomáticos

Cancilleres sudamericanos y árabes reunidos en Buenos Aires condenaron las acciones intimidatorias contra Venezuela

Los ministros condenaron "cualesquiera acciones intimidatorias contra la República Bolivariana de Venezuela o cualquier otro país que puedan afectar su desarrollo económico y social y su cooperación con los países del sur".

Este pronunciamiento está incluido en la declaración que emitieron los representantes de 34 países durante el Encuentro de Cancilleres de América del Sur - Países Arabes (ASPA).