Desde estas mismas columnas hemos estado señalando que no se vislumbra un rumbo claro hacia el que nos dirigimos, no hemos establecido un proyecto argentino integrador.

Por el contrario, a medida que transcurre el tiempo, van surgiendo visiones sesgadas, sectarias y excluyentes de la realidad que, en lugar de superar las dificultades que tenemos, desata mayores conflictos y crea nuevos problemas donde antes no los había.

En vez de "liberar" y sumar la diversidad de las fuerzas creativas que componen nuestra sociedad, y así aprovechar sus capacidades de aportar al bien común, las vamos amordazando hasta la inmovilidad. Nuestro sistema político -abroquelado por vicios electorales y mecanismos cerrados que impiden la renovación de la dirigencia- es un triste ejemplo de arbitrariedad y falta participación.

Una manifestación de esta realidad, es nuestra carencia de una política energética, que pretende reemplazarse por un supuesto manejo de coyuntura que, sin duda, puede postergar ciertos efectos pero que, a la larga, nos pondrán en una crisis sin precedentes. Hay muchas "idas y vueltas" y los anuncios se repiten sin grandes concreciones.

En nuestra editorial del mes pasado hicimos mención de esta nueva "fiesta" en la que estamos -otra vez- malgastando irresponsablemente la capacidad heredada. Y ya sabemos, porque pasamos por la debacle del 2001, cuánto nos podría costar este jolgorio.

Es evidente que un conjunto de medidas parcialmente concretadas, no constituye una política energética. También es claro que el Gobierno no está en aptitud de ser el único protagonista de  nuestra sociedad. Así como vamos, nuestra economía quedará a merced de nuestros proveedores ya que, cada día que perdemos, se van convirtiendo en la "muleta" con la que caminamos.

Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos sigue dormida. Hay provincias que están llamando a licitaciones para exploración y explotación de hidrocarburos que encuentran en esta falencia un condicionante para la estabilidad jurídica de sus planes.

Los acontecimientos bolivianos, con la nacionalización decretada por Evo Morales -cuyos resultados habrá que verlos en el transcurso del tiempo- ha comenzado a inspirar las ansias imitativas de muchos funcionarios afectos a "soluciones mágicas". El diario Página 12, siempre muy vinculado a la administración patagónica señaló que "las encuestas que prepara el Gobierno para difundir en las próximas horas son elocuentes: 60% de aprobación por la estatización del agua y niveles de aceptación superiores a 75% ante la posibilidad de que Kirchner "recupere" YPF".

Por otra parte existe temor que Repsol-YPF resulte adquirida por alguna de las gigantes mundiales y que no se pueda seguir con un sistema de gas barato y nafta controlada para evitar el malhumor de la sociedad y el descontento.

La idea sería compartir la operación junto a capitales privados amigos, un apoyo de PDVSA, para que junto a ENARSA y otras provinciales manejen la petrolera.

En diversos círculos cercanos al Gobierno ya se habla abiertamente de la "reargentinización" de YPF. Existe una gran tentación en repetir el proceso del Correo y Aguas Argentinas, olvidando ex profeso la historia dolorosa argentina de los '80, de los '90 -como YCF- y los recientes fracasos de Lafsa y Enarsa que aun continúan perdiendo cantidades asombrosas de dinero de todos los argentinos. Para no aburrir a los lectores, evito mencionar el manejo discrecional de los subsidios para las varias actividades en las que el Estado se ha comprometido a participar financiando.

La idea de suplantar las inversiones privadas con fondos fiduciarios basados en cargos sobre las tarifas de los servicios públicos constituye -al margen del rechazo social evidenciado- a juicio de muchos constitucionalistas una delegación indebida de facultades del Congreso en favor del Poder Ejecutivo mediante la cual  el Poder Legislativo renuncia a su obligación de control.

Los problemas que tenemos hoy -y que estamos magnificando hacia el futuro- no los tenemos por falta de "herramientas de poder y decisión". De nada nos serviría reconstruir el aparato empresario del Estado y concentrar todo el poder de decisión económica,  si lo que falta en realidad son ideas.