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Para sorpresa de
muchos operadores y empresarios petroleros -pero no para
los lectores de "Gabinete On Line" que disponían
de la información desde diciembre de 2005- Evo Morales
mediante un Decreto Supremo procedió a la
nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia y
anunció un proceder idéntico para la minería y la
industria forestal.
Además de Repsol
YPF y Petrobrás, entre las compañías extranjeras que se
verán afectadas están la británicas British Gas (BG) y
British Petroleum (BP) y la francesa Total. Se trató de
la tercera nacionalización del gas en Bolivia, después
de la que afectó en 1937 a la Standard Oil, y la de 1969
a la Gulf Oil, ambas estadounidenses.
Morales también
anunció la confiscación de las acciones necesarias en
varias empresas mixtas para que YPFB tenga en ellas "el
50% más uno" y controle de esa forma los directorios
de los consorcios. Según fuentes diplomáticas y de las
empresas afectadas consultadas, esa medida llevará a las
petroleras a recurrir a arbitrajes internacionales, por
incumplimiento de los contratos, o a dejar Bolivia.
La definición
marca un rumbo irreversible en la política del nuevo
Presidente y ha generado gran incertidumbre
internacional, especialmente en Argentina y Brasil
respecto del precio futuro y cantidad de gas que
importan desde Bolivia.
La decisión,
surge al día siguiente de la reunión realizada en el
Palacio de Convenciones de la capital cubana donde se
dieron cita quienes, al decir de Evo Morales,
representan
 "tres
generaciones de revolucionarios": Fidel Castro,
Hugo Chávez y el propio líder indígena, quienes
suscribieron un Acuerdo para la Aplicación de la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América y el Tratado de Comercio de los Pueblos. Morales
aludió a tres revoluciones hermanadas, la Cubana, la de
la República Bolivariana de Venezuela y la Revolución de
Bolivia para liberar a toda Latinoamérica y a al mundo.
Morales advirtió
que "solo el rescate de los recursos naturales podrá
hacer libre a los pueblos" y, en ese sentido, se
refirió a la convocatoria que hizo a una Asamblea
Constituyente con la cual refundar Bolivia, esa Bolivia
que “debe dejar de ser mendiga aunque sectores
oligárquicos en empeñen en hacer resistencia".
A cien días de
inaugurada la nueva gestión gubernamental, el presidente
y su gabinete de ministros suscribieron en el Campo San
Alberto, ubicado en Tarija, el Decreto Supremo Nº 28.701
que establece la nacionalización de los recursos
hidrocarburíferos del país.
"Llegó la
hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia
retome el control absoluto de nuestros recursos
naturales", dijo Morales desde el campo de gas y
petróleo San Alberto, el más rico del país, administrado
por la brasileña Petrobrás. Morales hizo el anuncio al
mediodía, cuando, según la agenda oficial, iba a
encabezar un acto por el Día del Trabajo.
"Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por
empresas extranjeras", dijo el presidente, tras leer el
decreto que establece la tercera nacionalización de
hidrocarburos en la historia de Bolivia, que, a su
juicio, será la "definitiva".
Asimismo adelantó que no solo piensa nacionalizar
los hidrocarburos sino también los minerales, y todas
las riquezas naturales en beneficio del pueblo.
Añadió estar convencido de que su pueblo no está solo,
como Cuba ahora tampoco está sola, la acompañan, dijo,
Venezuela y Bolivia.
El acto de nacionalización se llevó a cabo con tono
enérgico y un amplio operativo militar para ocupar con
el ejército los yacimientos; el Presidente Evo Morales
conminó a las empresas extranjeras a entregar su
producción al Estado de inmediato, tras lo cual ordenó a
las fuerzas armadas tomar el control de todos los campos
petroleros y gasíferos del país.
El "decreto
supremo" estableció que todos los campos petrolíferos
debían ser ocupados por el ejército y por funcionarios
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Esa medida se puso en práctica ayer mismo, cuando los
militares ocuparon dos refinerías de Petrobrás en Santa
Cruz y Cochabamba y 56 plantas de explotación en todo el
país.
Con esta
disposición el Estado toma el control de las petroleras
capitalizadas en el país. Las empresas tienen ahora un
plazo de 180 días para adecuar sus contratos en el marco
de la nueva normativa anunciada este 1 de mayo por el
Gobierno. La nueva distribución contempla un 82% para
el Estado (de donde 18% serán por concepto de regalías,
el 32% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 32% a
través de una participación adicional para Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB) y 18% para las
empresas, para cubrir- según Morales- los costos de
operación, amortización de inversiones y utilidades.
La empresas que
produzcan menos de 100 millones de pies cúbicos se
mantendrán "transitoriamente" bajo el actual esquema,
por el cual transfieren al Estado el 50% del valor de su
producción, en concepto de tributos y otras
participaciones.
Mediante el
decreto las petroleras están obligadas a entregar toda
su producción de gas y YPFB estará a cargo de la
comercialización, con la definición de las condiciones,
volúmenes, precios internos y la exportación e
industrialización. El presidente Evo Morales se
comprometió a continuar este proceso de cambio que,
según dijo, se plasmará en la Asamblea Constituyente. “Aquí
se acabó la Ley de Capitalización para los bolivianos,
se terminó la forma de entregar nuestras riquezas y
nuestros recursos”, acotó.
Por otro lado,
agradeció al Alto Mando Militar por sumarse a este
proceso de cambio al igual que a la Policía Nacional por
participar y dar seguridad a este proceso de
nacionalización.
También convocó a los trabajadores expertos en temas
petroleros a sumarse a este cambio y a las empresas
petroleras a respetar la dignidad de los bolivianos.
El mandatario boliviano dijo que, si es necesario, haría
respetar esta medida "a la fuerza" y amenazó con
expulsar a las compañías que en los próximos 180 días se
nieguen a firmar nuevos contratos que den al Estado el
control total de la cadena de producción.
 La
medida, que ya había sido sugerida por Morales cuando
asu-mió la presi-dencia, en e-nero último, tomó de
sorpresa a los directivos de las petro-leras afecta-das,
que dijeron que no esperaban una medida tan "radical"
como la anunciada. El gobierno español incluso expresó
su "más profunda preocupación" por el anuncio,
que afectará directamente a la petrolera Repsol-YPF.
Morales exhortó a los bolivianos a movilizarse frente a
"cualquier intento de sabotaje de algunas empresas"
y afirmó que con esta medida se solucionarán los
problemas económicos del país, porque se generarán más
fuentes de trabajo. "Pedimos a las empresas
petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos,
que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no
respetan, nos haremos respetar a la fuerza",
advirtió.
Aumentos de Precios
El Ministro de
Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, señaló que
Brasil deberá mejorar el precio del gas boliviano que
compra si quiere incrementar el volumen del
energético que actualmente compra al país. Brasil
pretende ampliar sus importaciones de gas boliviano de
30 millones de pies cúbicos diarios a 68 millones.
Actualmente Brasil paga 3,23 dólares por millar de BTU
(unidad térmica británica) y el Gobierno boliviano
sostiene que el nuevo precio será negociado en base a
parámetros regionales como el precio que Venezuela
cobraría si se concreta el gasoducto del sur, es decir
un mínimo de cinco dólares por millar de BTU
y el que Chile piensa erogar, entre siete y
nueve dólares.
En Brasil, el
ministro de Energía y Minas, Silas Rondeau, definió la
nacionalización decretada como "un gesto no
amistoso que puede entenderse como una ruptura en los
entendimientos que venían manteniéndose con el gobierno
boliviano".
También hay
fuerte oposición de las autoridades bolivianas al “anillo energético”, al que calificó
como "invento chileno por el cual Bolivia debía
vender su gas, a precios injustos, a la Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay".
En Argentina,
estas declaraciones han causado verdadera desazón entre
los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal
y de la Secretaría de Energía, ya que las importaciones
se llevan a cabo a 2,08 dólares MBTU. Se considera que
un incremento como el pretendido por los bolivianos
tendría un impacto significativo en las tarifas internas
-y en la consecuente inflación- ya que la política que
se ha seguido desde 2001 en adelante ha impedido contar
con reservas propias y horizontes de mayor producción.
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