El presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciaron el acuerdo mediante el cual las compañías generadoras de energía eléctrica se comprometieron a construir dos usinas que entrarían parcialmente en funcionamiento en 2007 (1000 MW) y el resto (600 MW) a fines de 2008. 

Estos emprendimientos se vienen negociando desde fines de 2003, cuando la Secretaría de Energía propuso a las generadoras ceder sus acreencias en Cammesa -la empresa mixta que controla el mercado mayorista eléctrico- por participaciones en sociedades que construirían una o dos centrales de ciclo combinado.

La iniciativa consiste en usar esas deudas que el Estado mantiene con el sector -unos $1300 millones - para construir las usinas. En un principio, el plan fue juzgado por los ejecutivos como "compulsivo", pero de a poco se fueron convenciendo de que ésa sería quizá la única manera de cobrar esas acreencias, sobre todo en un contexto de relaciones conflictivas, o al menos poco fluidas, con el Poder Ejecutivo.

Finalmente, las generadoras que suman 89,3% de los créditos aceptaron gestionar la construcción, operación y mantenimiento de las nuevas centrales. Cada generadora forma parte de las sociedades anónimas en proporción al dinero que les adeuda el Estado.

En el Salón Sur de la Casa de Gobierno se firmó el acuerdo que pone en marcha “la inversión más importante en el campo energético”. Prevé la instalación de dos ciclos combinados que se instalarán en Rosario, el oeste de la provincia de Santa Fe, y los partidos bonaerenses de Campana.

Se trata de una inversión de 2.550 millones de pesos, de los cuales, 1.200 millones van a ser financiados por los generadores y “vamos a obtener una potencia de 1.600 megavatios, que es el 10% de la máxima demanda que tenemos nosotros en invierno”, explicó el mandatario.

Para Kirchner estos dos ciclos combinados “son muy importantes, son centrales y fundamentales” para el crecimiento de la Argentina.   Dijo que el Gobierno "tiene que tener una visión keynesiana y heterodoxa de la economía".

El proyecto, que demandará una inversión inicial de entre 400 y u$s 420 millones para el año próximo, prevé la construcción una central en Rosario y otra en Campana.

Hasta ahora, las acreencias privadas -que deberán ser desembolsadas por el Tesoro para empezar los trabajos- alcanzan para sólo una de las obras.

De la inversión total, el monto correspondiente al sector privado saldrá de la capitalización de acreencias para con el Estado, correspondientes al Fondo de Compensación Eléctrica. El resto -el doble del monto con que se cuenta hoy- será aportado por el Estado, que gestiona créditos ante organismos financieros internacionales. También se piensa en un sistema de fideicomisos, ya usado por el Gobierno en las ampliaciones de los gasoductos. Bancos, AFJP, usuarios y proveedores serán convocados para sumarse a los fideicomisos.

Trascendió que el Gobierno prevé crear un nuevo "cargo tarifario" que recaerá sobre los usuarios del servicio eléctrico y se destinará reunir los US$ 400 millones que faltan para iniciar la construcción las nuevas centrales térmicas.

Además, el Gobierno se compromete a finalizar con el régimen de aportes al Foninvem en diciembre de 2006, a incrementar los valores de capacidad y restaurar los procedimientos de determinación de precios del Marco Regulatorio.

El acuerdo prevé que, en un plazo de un mes, las compañías se dividan en dos grupos para organizarse en los proyectos.

Las dos sociedades tendrán un contrato  por 10 años que les asegurará la provisión del gas y otro que garantizará la compra de la energía. Entre las empresas firmantes del acuerdo se cuentan Hidroeléctrica Ameghino, AES Juramento, Paraná, y Alicurá, Central Dique, Petrobrás Genelba, y Pichi Picun Leufú, Central Puerto, Hidroeléctrica Diamante, Hidroeléctrica Cerros Colorados, Hidroeléctrica El Chocón, Central Dock Sud, Central Piedrabuena, Endesa Costanera, y Central Güemes. Los principales accionistas en consecuencia serán la francesa Total, la española Endesa, Petrobrás y AES de EE.UU.

Se estima que Total tendrá 25% a 27% por los créditos a favor de la hidroeléctrica Piedra del Águila y Central Puerto. Endesa retendrá alrededor de 20% por Chocón y Costanera. AES se quedaría con porcentaje similar a la española y Petrobrás con algo más de 10%.

Las empresas recuperarán las acreencias cedidas a partir del momento en que las usinas entren en funcionamiento, en 120 cuotas en dólares, más un interés equivalente a la tasa Libor más 1%. Al término de los 10 años, las sociedades quedarán como dueñas de las centrales, aunque también se permitiría la transferencia de acciones entre los socios.

En tanto, no aceptaron participar Pluspetrol y Capex, luego de que venció el plazo para aceptar gestionar las nuevas empresas. Según los parámetros que fijaron los funcionarios, las compañías que no se suman al nuevo mecanismo deben esperar hasta 2007 para empezar a cobrar la deuda

El plan hacer la convocatoria para las obras en febrero del próximo año. Los equipos se licitarán entre los grandes proveedores internacionales (General Electric, Siemens, Alstom, Mitsubishi) a las que se requerirá financiamiento. Los fabricantes quedarán a cargo del mantenimiento de las centrales para seguridad de los accionistas.

El presidente de AES, Eduardo Dutrey, hizo uso de la palabra en nombre de las empresas y definió la situación con claridad:. "Esta es la inversión en generación más significativa de los últimos 4 años", dijo