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La mitad de las 4.500
firmas involucradas en el programa están siendo investigadas por
pagos ilegales, según el informe de 623 páginas del Comité
Independiente de Investigaciones de la ONU, encabezado por Paul
Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El informe, denuncia que
varios políticos destacados obtuvieron beneficios en la
manipulación del programa y dibuja un panorama de extensa
corrupción, decadencia y complicidad alimentada por tráfico de
influencias y reparto del poder.
La
ineptitud de la administración de la ONU, denunciada por la
Comisión, hizo que el gobierno de Saddam Hussein se sintiera
cada vez más cómodo pidiendo comisiones porque se dio cuenta que
los mecanismos de control fallaban.
En vigor
entre 1996 y 2003, más de U$S 64.000 millones salieron como
petróleo en el marco de este programa. La operación permitió
también que entraran a Irak bienes por 34.500 millones de
dólares.
Un
total de 2.400 empresas de todo el mundo pagó
sobornos o comisiones ilegales al
régimen de Saddam Hussein en el programa humanitario de la ONU
para Irak 'Petróleo por
Alimentos', según indica el informe final que encargó este
organismo internacional.
El
programa se consideraba el más ambicioso de los 60 años de
historia de la ONU, fue puesto en marcha en 1996 para
contrarrestar la falta de ingresos que sufría Irak por no poder
exportar petróleo desde la primera guerra del Golfo (1991).
Estuvo en vigor hasta 2003 y permitía a
Irak —en ese entonces bajo embargo comercial— vender
cierta cantidad de petróleo al precio que la ONU considerara
justo, para conseguir medicamentos y bienes de primera necesidad
para su población.
El
dinero de cada venta se ingresaba en una cuenta controlada por
la ONU que podía usarse sólo para adquirir bienes de primera
necesidad y otros autorizados por el Consejo de Seguridad.
Los
investigadores descubrieron que varias compañías que compraban
petróleo a precios reducidos canalizaban dinero extra al
gobierno iraquí a través de otros medios.
En el documento, de 500
folios y divulgado en la sede de la organización, se detalla que
139 empresas implicadas pertenecen al sector petrolero, y las
restantes 2.253 son compañías que pagaron comisiones para que se
las eligiera a fin de enviar asistencia humanitaria a
Irak.
Según el informe, la
operación distribuyó sobornos por un importe de 1.800
millones de dólares.
Grandes
empresas como la sueca Volvo, la alemana Siemens o el consorcio
germano-estadounidense Daimler Chrysler, además de españolas
como Repsol y la petrolera estatal venezolana PDVSA, aparecen
mencionadas en el informe de la Comisión
Volcker sin que ello signifique que pagaron
sobornos a sabiendas.
“Quiero enfatizar que la identificación de los contratos de
compañías particulares no significa que la compañía hizo,
autorizó o incluso supo de los pagos ilícitos”, dijo
Volcker.
Volcker
señaló que los miembros del Comité no tenían autoridad para
sancionar a las empresas, pero proveerían toda la información a
los países interesados en adoptar acciones legales contra las
mencionadas en el informe.
Las
antes mencionadas forman parte de las cuatro mil 500 compañías
de más de 60 países que hicieron negocios con el régimen de
Hussein, a quien el programa de la ONU le dio el poder de
decidir a quien atribuía contratos.
El
informe cuestiona el papel del banco francés Banque Nationale de
Paris (BNP), que fue el designado para recibir el dinero de las
ventas del programa y que no fue muy diligente a la hora de
darse cuenta de lo que ocurría.
En un
comunicado de su portavoz, Kofi Annan, el secretario general de
la ONU, dijo que “toma nota de los hallazgos” de la
comisión, recordó que ya “acepta la responsabilidad por los
fallos de gestión del secretariado” y agradeció su trabajo a
la Comisión, que de este modo concluye su trabajo.
Annan pudo respirar
aliviado ya que el informe aclara que no se habían encontrado
pruebas de que el secretario general de la ONU, influyera en la
contratación de la empresa suiza Cotecna, en la que trabajaba su
hijo Kojo. Cotecna supervisaba la aplicación de los contratos
que Irak firmaba en el marco de
'Petróleo por alimentos'.
La organización
"Transparencia Internacional" señaló que las firmas occidentales
no tenían ninguna excusa para ese comportamiento, y subrayó que
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), integrada por todas las naciones industriales, posee un
tratado contra ese tipo de delitos. "Las grandes compañías
internacionales involucradas en los sobornos deben ser
sancionadas por sus respectivos gobiernos", exigió la
organización.
"No se debe olvidar
que el programa Petróleo por Alimentos fue diseñado para dar de
comer a niños y niñas hambrientos y prevenir una ola de muertes.
Las medidas punitivas no repararán el sufrimiento humano causado",
se lamentó el director de Programas Globales de Transparencia,
Cobus de Swardt.
Uno de los casos más
resonantes es el ex embajador de Francia ante las Naciones
Unidas, Jean-Bernard Mérimée, quien está acusado de "tráfico
de influencias" y "corrupción de funcionarios del
servicio exterior" debido a su participación en el polémico
programa.
El informe sostuvo que
el ex embajador recibió 165.725 dólares en comisiones de las
partidas de crudo que le fueron concedidas por el régimen
iraquí. Se sospecha que Mérimée recibió cupones por dos millones
de barriles de petróleo durante el período 2001-2003 y los
vendió a dos compañías francesas que estaban operando en Iraq.
Antes de Mérimée, el ex embajador Serge Boidevaix fue acusado de
haber recibido "pagos" en forma de vales por 36,6
millones de barriles del gobierno iraquí.
Otros que se
beneficiaron fueron el legislador británico George Galloway;
Roberto Formigoni, presidente de la Lombardía italiana, y el
reverendo Jean Marie Benjamin, un sacerdote que trabajó otrora
en la secretaría de estado del Vaticano y defendió la derogación
de las sanciones iraquíes.
"Es pura hipocresía cuando los países ricos demandan
estrictas condiciones de responsabilidad a naciones pobres en la
cooperación para el desarrollo y no piden lo mismo a sus propias
corporaciones", señaló el presidente de "Transparencia
Internacional", Peter Eigen.
"Pensábamos que la Convención Contra Sobornos de la OCDE
había marcado un hito, pero debemos concluir tristemente que aún
hay un largo camino por delante", concluyó Eigen.
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