|
Por donde se lo mire, Bolivia no
es un típico país latinoamericano. Después de Haití, es la segunda
nación más pobre del hemisferio occidental, y es incluso menos
estable, con una historia marcada por más de doscientos golpes de
estado desde su independencia.
En una región con un fuerte pasado indígena, pero con un presente
desarticulado y aislado, Bolivia es, junto con Guatemala, tal vez el
único país de América Latina donde los pueblos indígenas constituyen
la mayoría de la población. Su topografía y distribución étnica son
por lo general autonomistas, e incluso actúan como fuerzas
separatistas que amenazan la unidad nacional de maneras más temibles
que en cualquier otro país. Y, por supuesto, es junto con Paraguay
la única nación sin acceso al mar en el sub-continente.
De modo que sería altamente imprudente extrapolar la actual crisis
boliviana al resto de América Latina. Es demasiado simplista
generalizar: las instituciones en todos los demás países son mucho
más sólidas, la pobreza (particularmente la extrema pobreza) está
disminuyendo y, en gran medida, la batalla por los recursos
naturales ha sido resuelta. Incluso en países como Venezuela, con
enormes reservas de petróleo y un gobierno de mentalidad
tradicionalmente nacionalista, el status quo que permite la
inversión extranjera en los recursos energéticos ha sobrevivido a
casi ocho años de gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Si bien la existencia de movimientos indígenas es una realidad en
muchos países, de Chiapas a la "Araucanía" y de la Amazonia a
Ayacucho, en ningún país de América Latina ha representado una
amenaza real a la integridad nacional. De modo que la de Bolivia no
es una crisis que presagie otras en la región, ni la manida “teoría
del dominó”, sostenida tanto por Lyndon Johnson como por el Che
Guevara en el caso boliviano, parece válida o siquiera medianamente
razonable.
Sin embargo, la crisis actual de este país es una señal del “déficit
democrático” que sufre América Latina en la actualidad. Los
gobernantes electos han fracasado, por una razón u otra, en Bolivia,
Ecuador y Haití. La democracia está ausente o es incompleta en
países como Cuba, México y Nicaragua, y se encuentra amenazada por
una razón u otra en Venezuela y Colombia. Ninguno de estos casos es
idéntico a los demás, ya que incluyen niveles variables de riesgo,
daño o reconciliación.
La pregunta es qué se puede hacer acerca de esta situación, que
contrasta notablemente con las estimulantes perspectivas que
predominaban hace tan sólo unos años. En la última asamblea de la
Organización de Estados Americanos en Fort Lauderdale, Florida,
Estados Unidos tomó una buena idea que otros habían tenido y, al
apoyarla, básicamente acabó con ella.
La historia comenzó hace un par de años, cuando el ex ministro
argentino de relaciones exteriores Dante Caputo y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo quedaron a cargo de esbozar el
Informe sobre Democracia en América Latina. Llegaron a la conclusión
de que un sistema temprano de alerta acerca de crisis de la
democracia en la región ayudaría a generar acciones antes de que las
cosas llegaran a estar fuera de control, como ocurre hoy en Bolivia.
Caputo y el equipo de la ONU convencieron entonces al presidente
chileno Ricardo Lagos a que tomara la iniciativa y la promoviera
entre varios de sus colegas. Lo hizo, pero el asunto no llegó muy
lejos. De hecho, el Informe del PNUD sobre Democracia en América
Latina, publicado en 2004, apenas lo menciona.
Estados Unidos y el nuevo Secretario General de la OEA, el chileno
José Miguel Insulza, resucitaron el plan durante el encuentro de la
OEA en Florida, pero fue rechazado debido a los razonables temores
latinoamericanos de que la idea estuviera dirigida contra Venezuela,
combinados con los anacrónicos recelos de los países de América
Latina de que se violara el sacrosanto principio de la no
intervención.
A pesar de que el continente no pudo llegar a un acuerdo sobre el
principio subyacente a la propuesta, la idea de un sistema de alerta
temprana merece recibir atención. En la actualidad, es posible que
sea poco lo que la comunidad hemisférica pueda hacer con respecto a
lo que ocurre en Bolivia, y sin embargo la situación está preñada de
riesgos para todos. Evo Morales, líder de la oposición y de los
cultivadores de hoja de coca, puede ser un líder democrático
honesto, aunque desorientado, pero ¿carecen sus seguidores de deseos
autoritarios? Puede que Hugo Chávez no esté financiando a Morales y
a los demás disidentes bolivianos, pero ¿de verdad Venezuela y Cuba
no tienen la tentación de inmiscuirse en el país donde el Che
Guevara murió intentando generar una guerra de guerrillas hace casi
40 años?
La comunidad de negocios de la región boliviana de Santa Cruz puede
no hacer realidad su amenaza de separarse del país, pero ¿preferirán
compartir sus reservas de petróleo y gas con los pueblos indígenas
del altiplano, en lugar de hacerlo con los industriales brasileños
de São Paulo?
Antes de que los sucesos lleguen a estos extremos, podría ser una
buena idea el que la OEA (no EE.UU.) se involucrara. La región sigue
necesitando esa participación, con un compromiso oportuno, con
mensaje y basado en una plataforma democrática adecuada, que se
distinga de la tradicional intervención estadounidense de la
tradicional indiferencia latinoamericana.
©
Project Syndicate
|
