Desde hace tiempo, venimos insistiendo desde nuestras columnas mensuales en la necesidad de contar con una política energética integral; dentro de ella, un programa nuclear es una de sus partes constitutivas lo mismo que la política hidrocarburífera y la estrategia en materia de energías renovables.

Todo debería formar un conjunto armonioso con una finalidad estratégica clara, consistente en garantizar nuestra disponibilidad de recursos energéticos para el presente, el plazo mediano y el largo plazo. Sin embargo, en lugar de ponernos a pensar seriamente sobre lo que es necesario hacer para lograr ese objetivo en los plazos mencionados, hemos asistido a una multiplicidad de anuncios energéticos completamente desarticulados, en los que no se toma en cuenta la realidad objetiva desde la que se parte y no queda claro adónde se quiere llegar.

Un caso típico es la “Reactivación del Plan Nuclear” anunciada con “bombos y platillos” en la Casa Rosada por el Presidente y su Ministro de Planificación cuando se dijo que se invertirían 3.500 millones de dólares en un plazo de 8 años.

Un anuncio que no es nuevo, ya que la mayor parte de sus contenidos ya habían sido incluidos en el plan energético de hace dos años. Tampoco la proclama es una originalidad de este Gobierno ya que se trata del tercer intento para retomar el programa nuclear en los últimos 23 años.

Sólo que ahora estamos frente a los despojos que han quedado de lo que fuera una actividad pionera en la región y un verdadero orgullo nacional.

El “Plan Nuclear”

El “Plan Nuclear” que se reactiva y que según el Ministro de Planificación Arq. Julio De Vido, forma parte de las "políticas estratégicas abandonadas equivocadamente en la década del ’90” es un fragmento del programa nuclear instituido por el Decreto 302/79 del gobierno militar durante la presidencia del ex general Jorge Rafael Videla. 

Cuando ese Plan se estableció, preexistía una política nuclear activa y exitosa. Ya habían sido construidas las centrales de Atucha I (370 MW), que había sido comisionada por el gobierno del Gral. Juan Carlos Onganía en 1968, y Embalse (648 MW), en Río Tercero, encargada por el Gral. Juan Domingo Perón en 1974.

Ya fabricábamos en forma autónoma nuestro propio combustible nuclear de uranio natural.

El éxito venía coronando la estrategia implementada, porque la participación de la industria nacional crecía con cada obra. Así, en Atucha I, la industria argentina participó por 90% de las obras civiles, 50% de los montajes y apenas 13% de los suministros electromecánicos, mientras que no hizo ningún aporte a la ingeniería. En Embalse, estas proporciones se habían incrementado a 100% de las obras civiles, 65% de los montajes, 40% de los suministros electromecánicos y 30% de la ingeniería.

También se habían concretado las primeras exportaciones de tecnología nuclear, con el suministro del reactor RP 10 para un centro atómico completo a la República del Perú.

El Decreto 302/79 mencionado estableció un programa de 4 centrales nucleares de 600 MW de potencia -utilizando uranio natural como combustible- que deberían entrar en funcionamiento en los años 1987, 1991, 1995 y 1997. Este programa estaba acompañado de la construcción de las facilidades correspondientes al ciclo de combustible y el agua pasada. Atucha II y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) constituían los primeros pasos de ese programa de 2400 MW nucleares.

La idea –hoy definitivamente arruinada por el abandono- era consolidar el desarrollo de la industria nuclear argentina y lograr una escala en la producción de componentes y suministros.

Por eso, en Atucha II el aporte argentino debía ascender a 100% de las obras civiles, 95% de los montajes, 45% de los suministros y ¡50% de la ingeniería!

En ese entonces, la continuidad de un programa de instalaciones nucleares realista, permitió dar pasos firmes para “aprender a hacer” asegurando la gestación de la infraestructura humana necesaria para llevar a cabo grandes y complejas realizaciones. Así, nuestro país logró asombrar al mundo, alcanzando hitos tecnológicos que eran patrimonio exclusivo de unos pocos países inmersos en la era post-industrial.

Antes de la promulgación del “Plan Nuclear” ya se decía que nuestro país estaba creando la infraestructura tecnológica para competir a nivel global en aspectos críticos de esta tecnología de punta. Nos estábamos abriendo camino dentro del selecto grupo de naciones suministradoras de tecnología nuclear.

¡Qué perspectiva fascinante para una nación emergente!

Pero, dada la época y las características del programa adoptado, los proyectos enfocados a la generación nucleoeléctrica resultaron parasitados por otros, que nada tenían que ver con la producción energética ni con la medicina nuclear. Ya hemos señalado en libro “El Proyecto Nuclear” editado por nuestra Fundación en 1988, que este programa de centrales nucleares “pasó a ser una amplia y eficiente cobertura para un sinnúmero de proyectos sin una imputación definida”.

Así hubo iniciativas para un submarino nuclear, un famoso “tren bala”, una planta experimental para agua pesada (PEAP), un “módulo 80” del mismo producto, laboratorios de reprocesamiento, la planta de enriquecimiento del uranio, el mal llamado “basurero” nuclear, el proyecto de reactor de baja potencia Carem y muchos otros que, con sólo nombrarlos equivaldrían en volumen a un tomo de la guía telefónica.

Un porcentaje de estos proyectos se llevó a cabo con vergonzosas distorsiones, como la Planta Industrial de Agua Pesada; otro porcentaje quedó en abandono o a mitad de camino. Inclusive hubo un caso dramático, como el de la inexplicable PEAP que después de haberse invertido en ella más de 250 millones de dólares, se hizo el acto de inauguración y –HORAS DESPUÉS- se decidió su abandono y desguace posterior.

Aunque las fallas se hayan ocultado tras un manto tecnocrático, personalmente he considerado a estas iniciativas como verdaderos desvíos del propósito original de la CNEA y como el germen de la decadencia actual de la actividad e industria nuclear argentina y del vaciamiento casi total de la institución.

Recuerdo haber tenido largas conversaciones sobre este particular con muchas personalidades del sector –a quienes estoy inmensamente agradecido- de las que mencionaré sólo a cuatro, en razón de que ya han fallecido y por consiguiente ya nadie puede molestarlos con ningún reclamo. El resto no ha sido menos importante, pero seguramente sabrán comprender los motivos de mi omisión de sus nombres en esta cita. Con el Almirante Carlos Castro Madero y el Dr. Dan Beninson que pensaban –con amplios matices- que esa diversificación era útil y que, corrigiendo ciertas falencias, el Plan Nuclear se concretaría naturalmente; el Ing. Jorge O. Cosentino, quién casi con un fanatismo fundamentalista, propugnaba una reestructuración completa que solía incluir en ese “saneamiento” hasta los logros más destacados; y finalmente, al Almirante Oscar A. Quihillalt que conocía hasta los más mínimos detalles.

¿Cómo preservar estas actividades del riesgo de la discontinuidad que había asolado tantos otros programas públicos argentinos? ¿Qué debía hacerse para conservar el liderazgo alcanzado por nuestro país en el continente sudamericano? ¿Cuál debía ser el esquema de prioridades estratégicas a seguir? ¿Cuál podría ser el aporte de la energía nuclear en el suministro eléctrico argentino? ¿Cómo capitalizar el proceso de transferencia de tecnología nuclear al resto de la industria argentina?

A muchos actores del sector –tanto funcionarios como empresas contratistas- poco importaban estas consideraciones de racionalidad estratégica, ya que esta expansión permitió a la CNEA potenciar su presupuesto, ampliar sus actividades y desencadenar el furor por la constitución de varias empresas de distinto tipo y con variados objetivos. Se inscribieron en esa tendencia ENACE S.A., Nuclear Mendoza SE, CONUAR SA, INVAP SE, ALTEC SE, FAE SA, CORATEC SE y más adelante ENSI SE.

Para liquidar el potencial atómico argentino algunos de estos intereses –supuestamente envueltos en la bandera nacional- incidieron 90% mientras que las consabidas “presiones externas”, apenas si gravitaron en el 10% restante o quizá menos aun.

El “Plan Nuclear” ya estaba “haciendo agua”, cuando en 1983 se restauró el sistema constitucional. El Presidente electo Raúl Alfonsín fue recibido –no con un avance en materia de centrales nucleoeléctricas- sino con la noticia de que se había concretado con éxito un programa paralelo, realizado en secreto, para producir uranio enriquecido en Pilcaniyeu.

En ese período, se intentó –sin éxito- por primera vez establecer una Ley Nuclear que permitiera regular las actividades realizadas por CNEA y sus empresas. No obstante ese fracaso, en 1987 el Gobierno logró cerrar el capítulo de la carrera nuclear en el continente al convenir con Brasil la renuncia voluntaria y conjunta a la producción de armas nucleares.

Pese a las distorsiones y retrasos, se insistía en afirmar que el “Plan Nuclear” se seguía ejecutando, gran parte de las inversiones públicas continuaban, aunque paradójicamente las obras casi no registraban avances.

La contradicción detonó la primera crisis financiera seria dentro del sector nuclear. Comienza la emigración masiva del personal calificado y especialmente aquellos con 10 o más años de experiencia nuclear.

Primer “Relanzamiento” del Plan Nuclear

El Gobierno “alfonsinista” que pasaba por un momento político excepcional, bajo los efluvios del “tercer movimiento histórico” y “la coordinadora”, no quiso profundizar en el problema ni afrontar el esfuerzo de realizar los cambios estructurales imprescindibles; y para calmar los ánimos del sector –sometido a disponer de menos recursos económicos- promulgó el decreto 423/86, ajustando para el período 1986-2000 el “Plan Nuclear” con la incorporación de 700 MW.

Proponer una IV Central Nuclear, y simultáneamente no disponer de un esquema adecuado para terminar la tercera, hizo que el “relanzamiento” quedara sólo limitado a los papeles de dos propuestas: el TPA 700/300 y el Argos 380; ambos proyectos comparten el olvido junto a otras grandilocuencias de esa época, como el traslado de la Capital a Viedma y el mismísimo “tercer movimiento”.

Segundo relanzamiento: la “Revolución Productiva”

El segundo supuesto “relanzamiento” del “Plan Nuclear”, se inició con la promesa de Ménem de crear 3000 nuevos puestos de trabajo en la terminación de las obras. El anuncio estuvo precedido de una serie de incidentes que paralizaron la Central Atucha I por un largo período, sembrando de dudas mayores la continuidad de las actividades nucleares.

Tal reactivación nunca superó la etapa de los discursos políticos y la marcha del “Plan Nuclear” se orientó hacia las mismas y distorsionadas prioridades que lo hundieron, pero con la adición de un nuevo mal: la falta de transparencia y la discrecionalidad.

Resultado: ahora se gastaba lo mismo –y aún más-, pero los avances registrados eran lo más cercano a cero que se podría imaginar.

La prestigiosa revista Nucleonics Week (13/2/1992) refiriéndose a esta extraordinaria curiosidad argentina señala “No hay prioridad para finalizar la planta. El dinero del presupuesto asignado para Atucha II se gasta en algún otro lugar”.

Las autoridades de CNEA anunciaron que Atucha II llegaría a costar US$ 3.100 millones –logrando el habitual “milagro argentino” de multiplicar por dos el presupuesto original-; gracias a esa administración supimos en esa fecha que, en 13 años, sólo se había alcanzado a concretar el 72% de la obra. Dos récords en uno: la construcción más costosa y lenta de la historia nuclear del mundo. Y todavía faltaba hacer el 28%!!!

La ratificación del Tratado de Tlatelolco, la creación de la agencia conjunta con Brasil y la firma del Tratado de No Proliferación, significaron la desactivación de algunas actividades, como la planta de enriquecimiento del uranio y las exportaciones de tecnología nuclear sensitiva por parte de INVAP SE a Irán.

En 1994, se paralizan las obras y se rescindieron los contratos; un acontecimiento que también repercutió hibernando los desarrollos complementarios, como la producción de agua pesada, la minería del uranio y los elementos combustibles. Se originan muchos reclamos y juicios por parte de los contratistas, que siguen pendientes como una hipoteca que en el futuro afrontaremos todos los argentinos y de la que parece prohibido hablar. La emigración de profesionales para ese entonces ya era masiva, con rumbo hacia otros sectores de la actividad energética que habían cobrado dinamismo –termoeléctrico- y también hacia el exterior.

Se cierra la empresa ENACE, que tenía el rol de ingeniero y arquitecto industrial de las centrales nucleares argentinas.

La Ley Nuclear aprobada bajo la inspiración de la dupla Cavallo- Bastos finalmente desmembró la CNEA original, separó la función regulatoria y las centrales nucleares en dos estructuras independientes de la CNEA.

Puedo asegurar que los funcionarios a cargo de la Secretaría de Energía en ese período, sabotearon abiertamente todas las alternativas que se le presentaron al Gobierno para preservar la infraestructura y mantener una opción nuclear a futuro para el país. Con claro favoritismo hacia ciertos negocios, este grupo ocupó el espacio político con sus agentes y aplicó el “retiro voluntario” indiscriminado para científicos y tecnólogos aunque luego, fracasó estrepitosamente en su alocado intento de privatizar las centrales nucleares.

El paso del tiempo también hizo estragos, ya que la gran mayoría de los profesionales que fueron los artífices de las realizaciones anteriores, con los conocimientos tecnológicos, se ha retirado o fallecido sin que se haya logrado un recambio generacional.

Todo se realizó con el silencio cómplice –o la participación interesada- de muchos integrantes del sector nuclear, involucrados en una “danza de la fortuna” cuyo premio consistía en integrar la administración de diversos órganos públicos.  Mientras tanto, los componentes nucleares de la primera central del Plan Nuclear continuaron acumulándose, envejeciendo dentro una suerte de “camping nuclear”….hasta la fecha.

El Precio

Para ese entonces -26 años después de la promulgación del “Plan Nuclear”- el precio de las desviaciones se hizo sentir, ya que habíamos gastado una suma prácticamente equivalente a lo que hubiera costado instalar las cuatro centrales nucleares, sin  haber logrado finalizar ninguna y habiendo arruinado la mayor parte de la infraestructura que se había logrado reunir.

Tercer “relanzamiento”

La nueva versión de la “Reactivación del Plan Nuclear Argentino” desgraciadamente no supone una nueva política nuclear superadora sino retomar –a libro cerrado- aspectos fragmentarios del viejo esquema instituido por el Dto. 302/79.

Se estableció que la central nuclear Atucha II se finalizará en 2010, cuando se cumplan 31 años desde que se inició la obra. Es decir, en los próximos 4 años se deberá completar algo más del 20% de la planta a un costo adicional de 600 millones de dólares, sin contar la dotación del primer núcleo de combustibles y el agua pesada

Pero, terminar una central nuclear -además prototipo- no es una cuestión simple de presupuesto, como en una planta convencional. Hay recursos fundamentales que no se consiguen por “generación espontánea”.

La infraestructura humana que formamos para cumplir esta función entre 1950 y 1994 está diezmada y hoy es claramente insuficiente para lograr ese objetivo. Además, existen desinteligencias y conflictos larvados dentro de las instituciones nucleares sobre el comando de toda la operación.

De la industria nuclear que teníamos, sólo quedan unos pocos sobrevivientes. Atucha II hoy pertenece más a la arqueología que a la tecnología. Se trata de una usina pre-Chernobyl, diseñada en la década de los ‘70 y muchos cambios se han instituido desde entonces en la industria nuclear, sobre todo en materia de eficiencia, sistemas de control y seguridad.  Es posible que muchos de los componentes nucleares acumulados en las "carpas" ya no sean adecuados, gran cantidad carece de garantías y el resto debería ser revisado a la luz de los avances de los últimos 25 años.

Hay faltantes de ingeniería; el diseño industrial está incompleto y se ha establecido que la empresa creadora de la tecnología de la planta no participará en el proceso.

Mientras se termina Atucha II, se deberán comenzar los trabajos imprescindibles para extender la vida útil -por 25 años extra- de la Central Nuclear Embalse a un costo estimado de 400 millones de dólares. Nada dice este programa de reactivación sobre Atucha I, que es más antigua y, con su historial de incidentes, requiere importantes trabajos de actualización y extensión de la vida útil.

Se establece que –una vez que esté Atucha II funcionando- se comenzará la construcción de una IV central nuclear de 1.000 MW que exigiría una inversión de US$ 2.000 millones.

Otros aspectos de esta reactivación incluyen la reanudación de la producción de uranio enriquecido, de la minería de uranio y el desarrollo del proyecto de reactor Carem para, una vez construido el primer prototipo, se lo pueda ofrecer a Venezuela.

Como se puede apreciar, las características de la este nuevo anuncio de "Reactivación del Plan Nuclear" anunciada por el Gobierno encierran riesgos gigantescos que podrían dificultar aun más su desarrollo.

La finalización de Atucha II, con las enormes dificultades que tiene para concretarse, es colocada como la “llave” de un futuro incierto. De ser así, contrariamente a lo pregonado, en el peor de los escenarios, en un plazo de 4 a 5 años, Argentina podría llegar a tener que paralizar todas sus centrales nucleares y, como remate, generar nuevas complicaciones de política exterior por el tema de Chávez.

Sé que muchos pueden considerar que, con estas aseveraciones, he roto mi vínculo histórico con la comunidad nuclear. Nada más alejado de la verdad, porque sigo creyendo que, con una política adecuada, la energía atómica puede desempeñar un rol sobresaliente en nuestro futuro energético y disparar el desarrollo de una gran industria tecnológicamente avanzada.

Una política nuclear sólo da resultados en el plazo mediano y largo. No se resuelve con un pequeño plan de coyuntura que nada puede aportar. Exige repensar la estrategia, las prioridades y los instrumentos observado las tendencias del presente y el escenario energético de los próximos 15 o 20 años.

Dado su masivo potencial de producción energética y la no emisión de gases de invernadero bien puede ser el “puente de plata” entre el momento actual y la masificación de nuevas energías más limpias y compatibles con el medioambiente.

La energía nuclear puede hacer una contribución extraordinaria en nuestras vinculaciones internacionales y a nuestro desarrollo hacia fuera.

Imaginemos cómo serían nuestras relaciones con Chile si, en vez de basarnos en la exportación de gas, nos hubiéramos fundado en el desarrollo conjunto de usinas atómicas; o con el Uruguay país con el que estamos disputando por la instalación de las papeleras. ¿Cuál sería nuestra posición relativa en nuestro vínculo con el Brasil si utilizáramos 1000, 2000 o 3000 MW nucleares para exportar electricidad que alimente esa industria?

¿Sería una empresa petrolera nuestro mayor exportador y el más grande contribuyente impositivo?

¿Estaríamos prácticamente de rodillas, implorando que Evo Morales soluciones sus gravísimos problemas? ¿Rezaríamos a San Pedro –como lo hace la actual administración energética- para que el santo nos brinde un clima adecuado que evite la falta de gas, electricidad y combustibles?

En comparación con los actuales, ¿cómo serían los salarios de esa industria nuclear altamente tecnificada? ¿Cuántos empleos genuinos crearíamos?

Pero sí rechazo –y rechazaré siempre- la visión tramposa y contumaz de quienes aprovechan la oportunidad para desviar los esfuerzos del país hacia objetivos sectoriales o personales; así como tratamos de combatir la idea de los dirigentes pequeños que nos proponen un modelo de país sólo a su medida.

Y, como gustaba decir a Albert Eintein: “estúpido es quien, haciendo siempre lo mismo, pretende un resultado diferente”.